El sistema público de pensiones correrá peligro dentro de cuatro años si no se adoptan reformas mucho más profundas que las pactadas en mayo de 2006 por el Gobierno, la patronal y los sindicatos CC OO y UGT. Esa advertencia ha sido lanzada por el nuevo director de la Oficina Económica de La Moncloa, David Taguas, quien sostiene que la viabilidad a medio y largo plazo del vigente modelo de protección requiere cambios orientados a retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años. También apuesta por computar toda la vida laboral de los trabajadores para fijar la cuantía de las prestaciones -en la actualidad se calcula sobre los 15 últimos ejercicios en activo-, lo que reduciría su importe; y por que el aumento anual de las pensiones sea inferior al de los precios, en contra de lo que garantiza ahora la ley.
Taguas es el principal asesor económico de José Luis Rodríguez Zapatero desde el pasado noviembre. Sustituyó en el cargo a Miguel Sebastián, candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid. Su visión de futuro sobre los riesgos que acechan al sistema y las posibles medidas para afrontarlos figuran en un artículo publicado en una revista de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas). Firma el texto como subdirector del servicio de estudios del BBVA -el puesto que ocupaba hasta acceder a su actual despacho en la Presidencia del Gobierno- junto a María Jesús Sáez, miembro de la Intervención General de la Seguridad Social.
Según sus pronósticos, el modelo público de pensiones «podría incurrir en déficit» en 2011, o a lo sumo en 2015, si no se introducen modificaciones de calado en su funcionamiento. En torno a esas fechas, los gastos generados por las prestaciones contributivas -las que han generado los trabajadores con sus cotizaciones- serán superiores a las aportaciones de los empleados.
El dinero acumulado en el fondo de reserva -la 'hucha' creada para garantizar los pagos en periodos de declive económico-, que superará en breve los 40.000 millones de euros, permitirá cubrir el déficit durante un plazo comprendido entre siete y diez años a partir de ese momento; es decir, hasta 2018 o, como máximo, 2025. Desde entonces, el sistema necesitaría financiación del Estado.
Cambios profundos
Para realizar su análisis, Taguas y Sáez parten de las últimas proyecciones demográficas, que apuntan que hasta 2060 entrarán en España 14,5 millones de inmigrantes, lo que originará un profundo cambio socio-económico y de la pirámide de población. De acuerdo con esos datos, el número de pensiones por ocupado podría duplicarse en ese periodo -afirman- al pasar de 0,44 por empleado a 0,81. En ese escenario, el gasto en prestaciones contributivas pasaría del 7,7% del Producto Interior Bruto (PIB), al que equivalía en 2004, al 17,9% en 2059.
El asesor de Zapatero y la responsable de la Seguridad Social plantean diversas alternativas para paliar esa situación. Así, apuntan la posibilidad de computar toda la vida laboral, en lugar de los últimos 15 años como ocurre ahora, para calcular la cuantía de la prestación. Esa iniciativa reduciría el importe medio entre un 10% y un 30%; pero, aunque sería «adecuada», por sí sola resultaría insuficiente al afectar sólo a los nuevos perceptores.
También barajan el retraso de la edad de jubilación hasta los 70 años, frente a los 65 actuales. Según sus cálculos, si esa medida se aplicara ahora mismo de forma generalizada y obligatoria, la aparición del primer déficit del sistema se retrasaría 17 años y, además, generaría un fondo de reserva de tal magnitud que el modelo estaría totalmente financiado hasta 2046.
Ambos autores señalan que la reforma que necesita el modelo de pensiones debería ir en esa dirección, a pesar de que las acciones propuestas son «impopulares» y pueden conllevar un alto coste político. Para amortiguarlo, sugieren que el aplazamiento del retiro hasta los 70 años sea gradual, «aun cuando en ese caso sus efectos serían menores».
