El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, anunció ayer la intención de su Gobierno de presentar un recurso judicial contra la nueva normativa del Impuesto de Sociedades del País Vasco, en la que se prevé una reducción de 4,6 puntos en el tipo general que se aplica a los beneficios de las empresas y de 6 puntos en el de las 'pymes'. Quedarán así en el 28% y 24%, respectivamente, frente al 32,5% y 25% del resto de España. El dirigente del PP realizó el anun cio en una comparecencia en el Parlamento autonómico.
La actuación judicial del Ejecutivo riojano no se limitará al recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Sanz aclaró que, en esta ocasión, se trasladará también una denuncia ante las autoridades de la UE al considerar que la fiscalidad de Euskadi atenta contra las normas de la competencia. En este proceso -anticipó-, pedirá el respaldo y el acompañamiento de los sindicatos y la patronal.
También ha puesto en marcha medidas de un calado más político. Así, anunció que esta misma semana ha remitido una carta el vicepresidente del Gobierno y ministro de Hacienda, Pedro Solbes, en la que le insta a actuar «en defensa» de las comunidades limítrofes al País Vasco. En la misiva, Sanz le pide que el Estado se sume también a los recursos judiciales o, como alternativa, que apruebe una nueva rebaja del Impuesto de Sociedades para que las empresas riojanas tributen en condiciones de igualdad con las vizcaínas, alavesas y guipuzcoanas.
«Una burla»
En su opinión, la decisión que acaban de adoptar las diputaciones no es sino «un grave incumplimiento y una burla a las sentencias judiciales». Se refería así el presidente riojano al contencioso que gira en torno a una fallo del Tribunal Supremo, dictado a principios de 2005, en la que se declaraba ilegal el tipo de gravamen del 32,5% que se aplicaba en Euskadi. Aquel proceso, que se inició como consecuencia de un recurso de la patronal riojana, ha generado una espiral de recursos y suspensiones cautelares, que en la práctica han tenido una nula eficacia.
Las diputaciones vascas, por su parte, confían en que la nueva normativa pueda aplicarse sin problemas y también sin suspensiones cautelares por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Estiman que la reciente sentencia emitida por el Tribunal de Luxemburgo sobre el denominado 'caso Azores' ha abierto un panorama completamente nuevo. Además, está pendiente también la cuestión prejudicial que sobre este mismo asunto ha promovido el Tribunal Superior ante laCorte de la UE.
