Cierre durante un mes. Ésta ha sido finalmente la sanción impuesta a los responsables de la discoteca Salsón, situada en la calle Fernández de Leceta, por imcumplir de manera «reiterada» la normativa de ruidos. Al Ayuntamiento no le ha temblado esta vez el pulso por lo que la clausura del polémico local de música latina será una realidad en los próximos días. Esta decisión se produce tan sólo diez días después de que el Síndico, Javier Otaola, pidiera que Medio Ambiente procediera al cierre «temporal o definitivo» de éste y otro pub de la calle Manuel Iradier por lo «reiterativo» y «contumaz» de su actitud.
«El expediente ya está abierto y la sanción se hará efectiva en breve», confirmaron fuentes municipales a este periódico. A pesar de que el cierre es ya un hecho, el Salsón acusa al Síndico de «calumnias» y de «abuso de autoridad». «Por este motivo -dicen desde el establecimiento- los dueños del local exigen una disculpa pública a la mayor brevedad posible por los daños y perjuicios que en su momento no tomó en cuenta».
No obstante, tal y como apuntó el defensor vecinal en un exhaustivo informe, las quejas vecinales sobre la discoteca Salsón se remontan a 2002. El pasado año, en concreto, la Policía Local visitó el establecimiento en ocho ocasiones. Al final, recibió tres multas de 300 euros cada una por exceso de ruido. También se obligó al local a colocar un limitador de sonido en su equipo de música.
Aplicar la ordenanza
Al margen de polémicas, lo cierto es que el comportamiento de algunos hosteleros, que se saltan a la torera la normativa de ruidos e incumplen de manera reiterada los horarios de cierre establecidos, ha colmado la paciencia del equipo de Gobierno municipal y de los grupos de la oposición.
En esta ocasión, ha sido el concejal socialista José Manuel Bully, el que ha vuelto a dar la voz de alarma sobre el comportamiento incívico de estos hosteleros y ha pedido al gabinete Alonso que «no le tiemble la mano para aplicar la ordenanza en su máxima expresión, cuando estemos ante un comportamiento ilegal».
La petición del grupo municipal socialista, que mostró en este sentido «todo su apoyo» al equipo de gobierno, fue respaldada por la concejala de Medio Ambiente, Idoia Garmendia, quien aseguró que su departamento trabaja ya «para establecer unos criterios más concretos» a la hora de castigar a los infractores. De este modo, las sanciones no quedarían «al arbitrio de quien resuelve el expediente», tal y como sucede en la actualidad.
