La decisión de proseguir con la causa contra los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares por su reunión con dirigentes de Batasuna ha causado malestar en un sector de la Judicatura vasca. Magistrados de la línea progresista de la carrera mostraron ayer a EL CORREO su discrepancia por la decisión que ha tomado la Sala Segunda de lo Penal, presidida por Fernando Ruiz Piñeiro. Sostienen en privado que, en su opinión, la causa debería haberse archivado, tal y como proponía la jueza Nekane Bolado en el voto particular del auto hecho público el martes.
La división interna del TSJPV a la hora de analizar los casos de Ibarretxe y López, fundidos a partir de ahora en un solo procedimiento penal, viene de largo. Sectores progresistas y conservadores han evidenciado fuertes disensiones sobre los pasos que en ambos procesos ha dado la Sala Segunda de lo Penal. Unas discrepancias que, sin embargo, han trascendido mínimamente al exterior del Palacio de Justicia bilbaíno.
El colectivo dice sentirse «perplejo» por el rumbo que han tomado los acontecimientos y, si bien dice respetar la decisión tomada, afirma no entender cómo han prosperado las querellas del Foro Ermua. En este sentido, aluden a sentencias del Tribunal Supremo como la que archivó la denuncia contra el líder de ERC, Josep Lluis Carod Rovira, por la reunión que mantuvo en la localidad francesa de Perpignan con dirigentes de ETA. También citan el auto de ese mismo tribunal que no vio delito alguno en la actuación del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de su Consejo de Ministros por autorizar el encuentro entre el PSE y la izquierda abertzale en un hotel de San Sebastián.
Los magistrados discrepantes de la actuación del Superior vasco en los procesos contra Ibarretxe y López temen que pesen factores políticos en decisiones que, a su juicio, «deben ser tomadas con exclusivo rigor jurídico». Las mismas fuentes advierten de que una hipotética recusación a ciertos magistrados de lo Penal podría hacer que el caso contra los dirigentes nacionalista y socialistas, como ya ocurriera con Juan Mari Atutxa, le tocara por turno a jueces de lo Civil o lo Contencioso-administrativo, «que discrepan de cómo se han hecho las cosas».
