PSOE y PP, auxiliados por Coalición Canaria, impidieron la destitución de Enrique Múgica como Defensor del Pueblo por presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña. La actitud de socialistas y populares fue, sin embargo, muy diferente; el representante del partido gubernamental criticó su iniciativa, mientras que su homólogo popular defendió con firmeza a Múgica.
El portavoz socialista, Juan Luis Rascón, tuvo que hacer malabares dialécticos para justificar la negativa a la expulsión de Múgica -que excusó su presencia en la comisión mixta Congreso-Senado por «compromisos ineludibles»-, y a la vez censurar sin piedad su actuación. Señaló que el Defensor del Pueblo tiene el derecho constitucional a recurrir normas, pero consideró que la iniciativa fue «llamativamente extravagante» y «una tropelía» para Cataluña y España.
El portavoz de IU-Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, impulsor de la recusación, sostuvo que Múgica fue «negligente» y «torticero»; y el de CiU, Josep Maldonado, le acusó de actuar como «un 'hooligan' político». Por su parte, el representante de ERC, Joan Tardá, manifestó que el Defensor del Pueblo padece «catalanofobia»; y el del PNV, Xabier Maqueda, consideró que «la solución ideal» para resolver la situación sería la dimisión.
El Defensor del Pueblo sólo encontró consuelo en las palabras del diputado del PP Gabino Puche, que rechazó «las encarnizadas acusaciones» del resto de portavoces, y de Luis Mardones, de Coalición Canaria, quien pidió «respeto» para Múgica por el papel que desempeñó en la transición.
