Los siete polémicos chalés de Ali ya se pueden habitar. Mientras una comisión municipal investiga si el tamaño del solar permitía levantar legalmente siete adosados -como defiende el PP- o sólo seis -como sostenía de entrada la oposición-, el Ayuntamiento ha decidido conceder a la constructora, la firma Salgado Iglesias, la licencia de primera utilización que le venía negando desde hace casi dos meses.
El servicio municipal de Edificaciones, que en su día informó en contra de otorgar el permiso para construir los siete chalés, rechazaba ahora que se autorizara la ocupación de los mismos. Los técnicos de este área, dependiente del Departamento de Urbanismo, sostenían que «al haber una investigación en curso» no era oportuno dar la licencia porque permitir la entrada de vecinos puede «provocar situaciones de hecho imposibles o gravosas de subsanar en el futuro».
El bloqueo suscitó las protestas de los afectados y el Síndico se alineó con ellos. El defensor vecinal, Javier Otaola, exigió que se permitiera la entrada a sus nuevos hogares a seis de los siete propietarios para no causarles más perjuicios. Resaltó que algunas familias ya habían vendido sus pisos y se hallaban en una situación «angustiosa» por un problema que no era de su responsabilidad. Respecto a la séptima casa, Otaola defendió que se exigiera a la constructora que no la comercializara hasta que se resuelva definitivamente en sede municipal «la validez de la licencia otorgada para su construcción».
Ayer, por sorpresa, el Consistorio decidió autorizar la ocupación de todos los adosados. Eso sí, con algunos condicionantes relacionados con los garajes y otras cuestiones de menor entidad.
Reacción doble
Los grupos de la oposición reaccionaron de inmediato en una doble dirección. De una parte, expresaron su satisfacción porque se resuelva el problema de las familias afectadas «a las que la negligencia del concejal de Urbanismo, Jordi Ibarrondo, había colocado en una situación extrema». A la vez, tildaron de «locura» que se de el permiso a la séptima casa.
Para el portavoz municipal del PNV, Mikel Martínez, «el PP, con su decisión, vuelve a cometer un error de graves consecuencias». Su homólogo socialista, Patxi Lazcoz, expresó cierta dudas respecto a que la autorización «se ajuste a la legalidad». Para José Navas, de Ezker Batua, la concesión del permiso a las siete casas «genera más confusión y no hace sino redundar en el error que cometió Ibarrondo al conceder irregularmente la licencia de construcción para siete casas». Antxon Belakortu, de EA, concluyó que «el PP ha vuelto a meter la pata en el fango con otra irregularidad».
