El gabinete Alonso perdió ayer el aval de uno de los dos técnicos municipales que respaldaban la legalidad de la promoción de chalés en Ali que investiga una comisión especial en el Ayuntamiento. El PP sostiene que el tamaño de la parcela permitía autorizar que se levantaran siete adosados -y así lo hizo-, mientras la oposición piensa que según la normativa vigente sólo se podían edificar seis, por lo que el séptimo sería ilegal.
En la reunión celebrada ayer por el grupo de trabajo -apenas unas horas después de que el concejal de Urbanismo concediera por sorpresa la licencia de ocupación a las siete casas-, el equipo de gobierno del PP sufrió un importante revés.
El jefe del servicio municipal de Zona Rural, Evelio Lobera, admitió ante los concejales que a día de hoy no volvería a suscribir el informe que firmó en diciembre junto al arquitecto responsable del servicio de Edificaciones, Miguel Ángel García-Fresca, informó el presidente de la comisión de investigación, Unai Grajales (PNV). En el texto ambos avalan la legalidad del séptimo adosado. Otros técnicos municipales sostienen, en cambio, -y así lo han expresado en anteriores comparecencias ante el grupo de trabajo- que las dimensiones de la parcela no daban para más que seis viviendas al no alcanzar los 2.000 metros cuadrados.
Dos informes mezclados
El técnico Evelio Lobera dijo que mantiene el contenido del párrafo del documento que él redactó -sobre la forma en que se gestionan los aprovechamientos urbanísticos en áreas rurales y pequeñas entidades- pero aseguró desconocer el fondo del resto de las consideraciones que contiene el escrito. Desde esa perspectiva, lamentó que ambos textos se hubieran fundido en uno solo, pese a que tanto él como García-Fresca accedieron a firmarlo. Agregó que lo idóneo hubiera sido que fueran por separado y que cada uno hubiera rubricado el suyo, centrado en su parcela competencial.
Por su parte el segundo firmante del escrito, el arquitecto García-Fresca, mantuvo en su integridad sus apreciaciones contenidas en el documento, que respaldan el criterio del concejal de Urbanismo, Jordi Ibarrondo, de autorizar la construcción de siete casas en la parcela. A su juicio, la superficie del solar alcanza los 2.012 metros cuadrados, cifra que aseguró está acreditada. En base a este dato, y pese a que en dos ocasiones anteriores había mantenido un criterio contrario a la concesión de la licencia para la séptima casa, se pronunciaba a favor de admitir la construcción de ese chalé, como quería la promotora.
Para la totalidad de los partidos de la oposición -PNV, PSE, EB y EA- los testimonios de los técnicos, en especial el del responsable de Zona Rural, terminan de cuestionar la validez del dictamen y, consiguientemente, de la licencia de obras que se concedió a la constructora. Todos ellos resaltaron que el desmarque de Lobera se une al hecho de que este informe técnico que pretendía avalar el permiso se redactara dos años después de iniciadas las obras y que el documento lleva una fecha anterior a la que realmente se redactó e incorporó al expediente, a su juicio de forma irregular, cuando Eusko Alkartasuna ya había denunciado las presuntas irregularidades.
El PP ofreció una versión completamente diferente de lo ocurrido en la reunión de ayer de la comisión de investigación -la sexta desde su constitución-, que también analiza la legalidad del sobreprecio de los chalés bioclimáticos de Ibaaiondo. Para Javier Maroto, los técnicos dejaron claro que no ha habido ilegalidades y que el procedimiento seguido ha sido correcto.
Alfonso Alonso reiteró que la comisión «es sólo ruido preelectoral. Mucho aparato ahora pero luego se diluirá como la niebla», dijo. l.mondragon@diario-elcorreo.com
