El Síndico de Vitoria acentuó ayer sus críticas al Gabinete Alonso por permitir el encarecimiento de los 24 polémicos chalés de Ibaiondo, un asunto que investiga una comisión especial en el Ayuntamiento. Javier Otaola insistió en que «sólo el pleno» podía cambiar el precio de las viviendas bioclimáticas, a pesar de que el director municipal de Urbanismo, Antón Sáenz de Santa María, firmó en julio de 2003 una «nota informativa» en la que autorizó a la empresa a cobrar 54.000 euros más por cada casa. Este permiso elevó las viviendas hasta los 300.000 euros. El defensor vecinal aseguró que la constructora se benefició «dos veces» de ese aumento. «Es un enriquecimiento injusto», zanjó.
Para apoyar esta apreciación, recordó en un informe que la empresa Opacua cobró 54.000 euros más a cada propietario por el coste de los elementos bioclimáticos. Pero resulta que, según su análisis, cuando el Ayuntamiento vendió a la firma el terreno para los chalés ya le rebajó el precio por incorporar dispositivos medioambientales. Este 'recorte' fue de 54.000 euros por casa. Ésta es precisamente la misma cantidad que después cobró la constructora a cada propietario por ese concepto.
Otaola censuró que los mismos elementos «se han abonado dos veces y no existe una causa para hacerlo». Por este motivo concluyó que el Ayuntamiento «ha sido perjudicado» y debería solicitar «el reintegro» de la rebaja del precio de la parcela, lo que suma 1,3 millones de euros. De momento, los partidos han pedido un informe jurídico para estudiar esta cuestión.
El documento del defensor vecinal no cita a los afectados ya que «no los considera damnificados porque lograron un chalé a un precio menor que el de mercado», matizó el presidente de la comisión de investigación, el peneuvista Unai Grajales.
«Amenazas veladas»
Pero los propietarios de las casas tuvieron voz en la reunión a través de su abogado, Javier Martínez de San Vicente, quien insistió en criticar el encarecimiento de las viviendas. Además, desveló que el proyecto de cada chalé incluía una plaza de garaje para dos coches, pero los adjudicatarios han comprobado que en lugar de 24 huecos dobles hay 46 individuales. La constructora dice ahora que a cada familia le corresponde uno, y les ofrece comprar otra parcela «por un precio de entre 25.000 y 30.000 euros», citó el letrado. Martínez de San Vicente censuró además la calidad de toda la construcción realizada por Opacua. «El carácter bioclimático está en entredicho», aseveró.
El abogado de los vecinos también denunció que técnicos de la Agencia de Renovación Urbana les «amenazaron de forma velada» cuando fueron a quejarse.
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