Los socios del Gobierno vasco (PNV, EA y EB), EHAK y Aralar sumaron ayer sus votos en el Parlamento vasco para crear una comisión especial donde se analice lo ocurrido el 3 de Marzo de 1976 en Vitoria, cuando cinco trabajadores resultaron muertos por disparos de la Policía Nacional. Los parlamentarios tratarán 31 años después de determinar «las posibles responsabilidades» de aquella brutal carga.
Con sus votos, los cinco partidos dieron un giro a la propuesta inicial del PSE ante la Cámara vasca, donde planteó que la Comisión de Derechos Humanos estudiase el dictamen histórico sobre estos acontecimientos elaborado por el instituto Valentín de Foronda de la UPV. El informe será remitido a la futura comisión especial, pero además todos los grupos -salvo el PP- acordaron la propuesta socialista de «trasladar a los centros documentales una versión fehaciente de los historiadores». El PSE consideró «innecesario» crear el nuevo grupo de trabajo, ya que a su juicio llegará a las mismas conclusiones que el dictamen. El PP también votó en contra.
La peneuvista Nerea Antía no piensa lo mismo. «Debe acabar la impunidad y que quede constancia plena en todos los archivos y documentos de los responsables políticos y policiales» dijo.
Las formaciones nacionalistas y EB lograron sacar adelante otra enmienda para instar al Gobierno central a que en la futura ley de la memoria histórica se reconozca a todas las víctimas de aquellos hechos, no sólo a los muertos, «sino también a los heridos, a los encarcelados y a los que han padecido secuelas». Además, piden que sean indemnizados de igual manera que las víctimas de terrorismo.
El portavoz de las víctimas del 3 de Marzo, Andoni Txasko, expresó ayer su satisfacción con las decisiones adoptadas. «Hay cientos de testimonios de personas aún vivas. Así a los responsables, aunque no vayan a la cárcel, se les marcará como tal», añadió.
