El director municipal de Urbanismo, Antón Sáenz de Santa María, aseguró ayer que jamás avaló -aunque sí respalda a título personal- el sobreprecio de los 24 polémicos chalés de Ibaiondo, cuyo coste investigan los partidos en una comisión especial del Ayuntamiento. El PP sostiene que las casas nunca se encarecieron más de lo previsto. Por contra, la oposición denuncia que Sáenz de Santa María autorizó en 2003 de forma unilateral a la empresa Opacua a modificar al alza el precio de las viviendas, que según acordó el pleno en 2002 debían rondar los 250.000 euros. El escrito del director de Urbanismo provocó que la firma cobrara 54.000 euros 'extra' a cada adjudicatario para costear los elementos bioclimáticos.
La persona que estaba en el punto de mira de la oposición aportó ayer su esperada versión, y lo hizo con una sorpresa. Sáenz de Santa María, ex dirigente de UA y afín al PP, confirmó que emitió la polémica «nota informativa» favorable al incremento de precio a solicitud de Opacua. Eso sí, matizó que el documento era «una opinión personal que no era vinculante ni debe tener consecuencias económicas». El alto cargo del Consistorio añadió que se limitó a «informar» a los responsables de la empresa, que querían saber «a qué precio final» debían cobrar las casas porque el pliego de condiciones del concurso era «confuso».
Rentabilidad
La convocatoria y la adjudicación de la polémica parcela estuvieron rodeados de sorpresas. Al concurso se presentó Opacua, que ofertó 1,7 millones por ella, y otra empresa local que, curiosamente, pujó con 60.000 euros. Esta ridícula propuesta pretendía poner de relieve que por ese precio era imposible hacer 24 chalés bioclimáticos con placas solares, suelo radiante y canalizaciones especiales para ahorrar agua.
El caso es que después, en 2003, Opacua pidió «amparo técnico» al director de Urbanismo, quien ayer insistió en que el pliego del concurso «permitía» elevar el coste final de cada casa. «Pero mi nota no es la que provoca el precio final. Yo no tengo competencias para hacerlo, como todo el mundo sabe», recalcó Sáenz de Santa María con contundencia.
Lo cierto es que el responsable técnico de Urbanismo aseguró desconocer qué órgano «competente» asumió su «opinión» como una orden, y acordó elevar el coste de los chalés. «Yo sólo redacté la nota. Luego envié una copia al concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo», afirmó.
«¿Y de quién me fío?»
El propio Ibarrondo presidía entonces la Agencia de Renovación Urbana, la sociedad municipal que organiza los sorteos de vivienda. Una vez conocida la «nota informativa», este organismo impulsó la promoción de Ibaiondo, y las personas que se apuntaron al sorteo conocieron ya el sobreprecio de las casas.
En relación con el polémico documento, la presidenta de la Agencia, Ana Aguirre, aseguró en una anterior sesión de la comisión de investigación que «si no me fío del director de Urbanismo, ¿de quién me voy a fiar?», recordó ayer el socialista Juan Carlos Alonso.
En la reunión de ayer compareció por fin la constructora Opacua, que lo hizo a puerta cerrada. Sus responsables dijeron que los chalés «no se podían construir sin medidas correctoras», al tiempo que criticaban el pliego aprobado por el pleno municipal. Eso no impidió que se presentaran al concurso y que compraran el solar.
La comisión volverá a reunirse en breve y a ella acudirán el alcalde, Alfonso Alonso, y Jorge Ibarrondo, que lo harán sin presencia de periodistas, por expreso deseo suyo. El presidente del órgano, el peneuvista Unai Grajales, mostró su sorpresa por esta solicitud y anunció que hoy habrá una reunión para estudiar este tema.
