El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Vitoria, Josu Izaguirre, no aprecia «a día de hoy» indicios de delito en la polémica sobre la presunta paralización de expedientes de cobro de varios epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a 18 entidades financieras y sobre la liquidación de Michelin denunciada por un ex funcionario municipal encargado de la inspección de tributos. «Con los datos que tenemos -afirmó-, no parece que exista esa paralización». De existir, agregó ayer Izaguirre, que ha derivado la instrucción al juzgado número 3 de la ciudad, «no significa que haya delito. Todo lo más sería una irregularidad administrativa», dijo, aunque admitió que «es pronto para pronunciarse».
La polémica ha surgido por la denuncia del ex inspector Antonio Cuerda, hermano del ex alcalde José Ángel Cuerda, recientemente jubilado en contra de su voluntad. El funcionario recurrió en septiembre, a pocas semanas de abandonar su vida laboral, a la Fiscalía Anticorrupción, donde denunció una presunta «paralización» de los expedientes de cobro a 18 entidades financieras y otras irregularidades en la liquidación de la firma Michelin. Los importes «prescritos» y, en consecuencia, no recaudados por el Ayuntamiento, sumarían según su versión 2,5 millones de euros.
En el primer caso, Cuerda ha sostenido que las entidades financieras deben pagar un IAE suplementario por la actividad que desarrollan al ayudar a confeccionar las declaraciones de la renta de sus clientes, al entender que es un negocio de asesoría fiscal ajeno a la labor financiera por la que tributan. Por ello, levantó durante años actas de inspección contra las entidades, que en su mayoría han recurrido por vía administrativa e incluso judicial, como es el caso de la Caja Vital.
Los recursos, aseguró ayer de nuevo el equipo de gobierno, aún no están resueltos, «por lo que tampoco pueden haber prescrito», explicó el edil de Hacienda, Javier Maroto. «De hecho, esperamos a que un juez dicte sentencia para saber ya con una base sólida qué criterio se debe aplicar», explicó. «Todos los sujetos pasivos han abonado lo que debían pagar. A nadie se le ha prescrito nada», insistió, en una comparecencia a petición propia ante la oposición.
Instrucción
En el caso de Michelin, Cuerda ha sostenido que la empresa debía pagar un IAE más elevado que el que se le giraba desde finales de la década de los 90, cuando gobernaban los nacionalistas. El inspector se enfrentó durante meses a la multinacional al entender que debía abonar más por emplear a más operarios, más kilowatios de energía y disponer de una superficie mayor que la declarada. La intervención de su superior y director de Hacienda, Iñaki Díez Unzueta, zanjó la polémica con la empresa, que se avino a pagar con atrasos un IAE ligeramente superior -en un 10%, según algunas fuentes-, pero menor del demandado por el inspector.
La denuncia está ahora en manos de la magistrada Beatriz Román, titular del Juzgado de Instrucción número 3, quien debe decidir si la admite a trámite o no y, en consecuencia, si profundiza en la investigación o da el caso por cerrado. En este trámite, aún tiene previsto recabar más información del propio inspector para que aclare la «inconcreción» de su denuncia, según el fiscal jefe de la Audiencia. «Esperamos que esta decisión sea lo más ágil posible», urgió ayer el concejal de Hacienda, ante el revuelo causado en la Casa Consistorial por la publicación de las primeras informaciones. Los grupos de la oposición reclamaron al edil un dossier sobre el caso. No les fue facilitado, lo que motivó su protesta.
En el fondo de la polémica está la confusión administrativa existente en la gestión del IAE, un tributo cuyas competencias de seguimiento y cobro han estado repartidas entre el Ayuntamiento y la Diputación desde su creación en 1992 hasta 2002, cuando la Administración municipal recibe nuevas competencias. Hasta esta última fecha, de hecho, las actas de inspección llevadas a cabo por el Ayuntamiento carecían de validez, como puso de evidencia una sentencia judicial.
