El Gobierno ha decidido retirar del proyecto de Ley de Cine la obligación para las televisiones de aumentar sus inversiones en el sector del 5 % al 6% de sus ingresos, subida que había puesto en pie de guerra a las emisoras agrupadas en Uteca. El texto definitivo del proyecto, que ayer supervisaron los subsecretarios de los ministerios involucrados, mantiene en un 5% la obligación de financiar el cine español.
La medida ha sido adoptada después de la intervención de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, y se acordó en la reunión mantenida el pasado viernes en La Moncloa con técnicos de los Ministerios de Cultura, Economía, Industria y Administraciones Públicas. La intervención de la 'número dos' del Gobierno fue obligada, puesto que la subida había causado grietas en el propio Ejecutivo, ya que el Ministerio de Industria aprobaba la postura de las emisoras privadas.
Como se recordará, la subida fue pactada por Carmen Calvo con el sector cinematográfico, encabezado por los productores, pero no contaba con el visto bueno de las cadenas, que se sentían los paganos de una industria ajena a su negocio, motivo por el que rompieron relaciones con Cultura y amenazaron con medidas de presión. El fantasma de la Ley del Alcohol, recientemente aplazada por el Ejecutivo, ha pesado mucho en la decisión de seguir adelante con la Ley de Cine, aunque ello supusiera 'tragarse' la iniciativa de subir la aportación económica de las televisiones.
Los exhibidores, en contra
Por otro lado, no podía retardarse mucho la aprobación del texto articulado, debido a que el Gobierno ha dado orden a los ministerios de que pongan en marcha los textos legales pendientes de sus carteras antes de abril, ante la previsión de que se puedan prorrogar los próximos presupuestos. La medida apaciguará la protesta de las televisiones, un sector especialmente sensible, sobre todo ante la perspectiva de un largo período electoral. Deja en una postura difícil a Calvo, promotora de la iniciativa, quien se había comprometido ante los productores y otros sectores del cine a aumentar el dinero procedente de las cadenas.
Por otro lado, los exhibidores mostraron ayer su frontal rechazo al anteproyecto. «Es una ley a la medida de los productores que viven de las subvenciones públicas y de las subvenciones indirectas que se sufragan a través de los exhibidores», asegura el director general de la Federación de Cines de España, Rafael Albero. «Cultura no nos escucha, no negocia la futura ley, la impone».
