La situación de Delphi Automotive Systems, la empresa americana que fabrica componentes de automoción en Puerto Real (Cádiz), no tenía que haber llegado al punto del cierre, pero desgraciadamente ha ocurrido. Puede que se deba, como lógicamente pensamos la mayoría, a que la industria del automóvil y concretamente la de componentes es especialmente sensible a la deslocalización.
Puede ser también que los bajos costes salariales y las subvenciones que ofrecen otros países atraigan a las multinacionales a trasladar sus fábricas allí donde el potencial de rentabilidad es mayor. De hecho, que estas empresas se instalen en determinado país y luego tomen la decisión de abandonarlo no debería sorprender a nadie en un mundo globalizado donde cada cual pone en práctica sus estrategias para buscar las ubicaciones que les parecen más adecuadas y obtener la máxima productividad al mínimo coste. En España, por mucho que nos duela, no somos ajenos a esta realidad.
Así pues, conviene no despistarse y reflexionar sobre cómo es posible que el tema de Delphi haya cogido por sorpresa a la Junta de Andalucía. Resulta difícil de entender cómo la crisis de esta planta en la que trabajan 1.600 personas que perderán su empleo, más otros casi 1.300 puestos indirectos, pille con el pie cambiado a la Junta. A no ser que los políticos andaluces estuvieran tan enfrascados en su Estatuto que no les haya dado tiempo para otras cosas. Como por ejemplo, defender una subvención en el tiempo de 62 millones de euros que contemplaba un plan industrial y el mantenimiento del empleo fijo hasta 2010.
Ahora, como bien cuentan los trabajadores en un informe sobre la situación de su fábrica, resulta que la cancelación de productos rentables, la congelación de inversiones, o la distorsión en la cadena de suministros formaba parte de un plan para cerrar la factoría. Algo previsible si tenemos en cuenta que la matriz estadounidense presentó suspensión de pagos en 2005. Pero no hay nada que temer: ya están pilotando la crisis Chaves y Zapatero.
