No hay tregua en el enfrentamiento entre los concejales del equipo de gobierno de Vitoria y los representantes de las cuatro formaciones de la oposición. La sima se agranda y la crispación crece, espoleada por la proximidad de las elecciones municipales de mayo, sin que nada permita augurar un cambio de rumbo. La bronca volvió a saltar ayer en el Ayuntamiento, lo que empieza a dejar de ser noticia. Esta vez, en el seno de la comisión especial que investiga las supuestas irregularidades urbanísticas detectadas por la oposición en sendas promociones de chalés de Ibaiondo y Ali.
La investigación trata de desvelar desde finales de diciembre si el Gabinete Alonso favoreció a sendas constructoras. En Ali, al permitirle construir una casa más de las que por el tamaño de la parcela tendría derecho según la ley -siete chalés, en lugar de seis-; en Ibaiondo, autorizándole a cobrar 54.000 euros más de los establecidos por el pleno por cada una de las 24 casas bioclimáticas de precio tasado.
En la novena sesión de la serie, ayer estaba llamado a declarar el concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo. El portavoz popular, Javier Maroto, pidió a los grupos que formularan sus preguntas, pero anunció que su compañero contestaría por escrito o en una posterior comisión, en aras a hacerlo «con el máximo rigor». Maroto aseguró que el reglamento interno, según su interpretación, permite esta fórmula, aunque lo habitual en la sede municipal es que los concejales contesten 'in situ' a las preguntas cuando comparecen por cualquier causa. El propio Maroto, sin ir más lejos, lo hizo el miércoles durante varias horas.
La exigencia del equipo de gobierno destapó la caja de lo truenos y derivó en un primer enfrentamiento entre Maroto y el presidente del grupo de trabajo, el peneuvista Unai Grajales, quien sostuvo una interpretación diferente del reglamento y propuso continuar con la comparecencia de la manera habitual. El edil jeltzale dio en ese momento la palabra a Ibarrondo para que realizara una intervención previa al interrogatorio. «No tengo nada que decir. Escucho sus preguntas», respondió el edil del PP.
Los portavoces de PNV, PSE, EB y EA lanzaron la primera batería de cuestiones, relacionadas con el sobreprecio de los chalés de Ibaiondo y la gestión del equipo de gobierno en este asunto. «En cuanto estén transcritas, las contestaré gustosamente en otra sesión», desafió Ibarrondo. Y la tensión estalló.
Moreno y 'rockefeller'
Grajales suspendió de inmediato la sesión, mientras el portavoz del PNV, Mikel Martínez, en medio del barullo, pedía «amparo» ante la «indecente actitud» de los ediles populares. No fue la única referencia personal que se escuchó, prueba del deterioro de relaciones entre los representantes de los ciudadanos. Otro edil llamó «sinverguenza» a uno de los cargos del PP a micrófono cerrado -aunque ante los periodistas- en un momento de exaltación. Y Juan Carlos Alonso, del PSE, en rueda de prensa, comparó a Javier Maroto con el conocido ventrílocuo José Luis Moreno y a Ibarrondo con uno de sus muñecos, «Rockefeller». Los populares entendieron que se tachaba de «marioneta» a este último y exigieron disculpas públicas.
La bronca se reflejó en las actuaciones posteriores de los grupos. Los cuatro partidos de la oposición elaboraron un manifiesto conjunto, que elevarán a pleno, en el que dejan constancia de la «indignación» de la mayoría de la Corporación «por la actitud y el comportamiento de los concejales Maroto e Ibarrondo, en su intento por boicotear» la comisión investigadora. «No descartamos -añadió Martínez- volver a plantear la reprobación de ambos ediles», el mayor castigo que el pleno puede infligir a un concejal del equipo de gobierno, aunque de carácter simbólico.
El PP defendió su postura de «máxima escrupulosidad» ante la posibilidad de que «de nuestras declaraciones se obtengan conclusiones incriminatorias» por parte de la oposición, que no descarta poner el caso en manos de los tribunales. El alcalde Alfonso Alonso envió después una carta a los portavoces en la que reafirma la intención de su grupo de «contestar a cualquier pregunta con el máximo rigor». En la misiva añade que la discrepancia política «no debería derivar en una tensión innecesaria en la vida institucional». Hasta la próxima bronca.
