Una decena de funcionarios, el Síndico, representantes de dos empresas y un alto cargo han desfilado en los últimos dos meses por la Casa Consistorial para intentar arrojar luz a los dos casos de supuestas irregularidades urbanísticas detectadas por la oposición en sendas promociones de chalés en Ali e Ibaiondo.
Para PNV, PSE, EA y EB, las intervenciones han venido a ratificar sus sospechas. Esto es, que en el caso de Ali, Urbanismo dio licencia para siete chalés cuando debía haber autorizado sólo seis, como le advertían los informes técnicos. En Ibaiondo, que se dio el visto bueno a un sobreprecio de 54.000 euros por cada casa de precio tasado por un órgano -el director de Urbanismo- claramente incompetente para ello.
El goteo de testigos a lo largo de las nueve sesiones de investigación -16 en total, a falta del concejal de Urbanismo y el alcalde- arroja un resultado claramente desfavorable a los intereses del equipo de gobierno. Sólo un funcionario, en el caso de los chalés de Ali, y el propio director de Urbanismo, en el asunto de Ibaiondo, han avalado la actuación de los populares. Otros seis se han situado al margen o han eludido juicios de valor, como es el caso de las dos empresas afectadas y los trabajadores de la Agencia de la Renovación Urbana, que se limitaron a cumplir órdenes superiores. Seis funcionarios dieron validez a las denuncias de la oposición, como el Síndico y los afectados por el sobreprecio de Ibaiondo.
La investigación se cerrará la próxima semana y las conclusiones se redactarán a continuación. «Esto tiene que acabar en los tribunales», volvió a reiterar ayer el concejal de EA, Antxon Belakortu, en una opinión compartida por otros ediles de la oposición.
