Inmaculada Echevarría morirá en el Hospital de San Rafael, donde ha permanecido ingresada los últimos diez años, y será atendida hasta el final por el equipo médico que le atiende, según se desprende de un comunicado hecho público ayer por la dirección del centro, dependiente de una orden religiosa.
Este texto es lo único que ha trascendido de la reunión mantenida por las direcciones de los hospitales San Rafael y Clínico San Cecilio de Granada, dependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), para estudiar el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que avala la petición de la paciente de que le retiren el respirador que la mantiene con vida. Las direcciones de ambos centros pidieron «respeto a la dignidad e intimidad de la paciente» y advirtieron de que «las actuaciones que se lleven a cabo a partir de ahora deben enmarcarse en la privacidad de la relación entre médico y paciente».
Añadieron que ambas direcciones velarán «de forma escrupulosa» por el respeto de los derechos de la paciente, el acatamiento de «la totalidad de las garantías y requisitos» establecidos para el cumplimiento de su voluntad y «el normal desarrollo del desempeño» de los médicos y demás profesionales que la asisten. Además, garantiza que la atención sanitaria que recibirá Echevarría hasta el final será «plenamente adecuada» a sus necesidades «tanto en sus aspectos técnicos como humanos».
«Admitir la eutanasia»
Los aspectos éticos que rodean la petición de esta mujer, que tiene 51 años y padece distrofia muscular progresiva, han sido analizados por el equipo de Bioética del Hospital de San Rafael y el Comité de Ética Asistencial de la Provincia Bética de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Sus integrantes, como ya hicieron previamente los de la Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitarias de Andalucía y los del Consejo Consultivo andaluz, señalaron «de forma inequívoca la ausencia de objeciones de carácter ético» a la petición de Echevarría y su «adecuación a derecho», según la nota leída por el director gerente del centro, Miguel Martín.
Inmaculada Echevarría ve culminado así un proceso que comenzó el pasado 20 de noviembre, cuando solicitó oficialmente la retirada del respirador que la mantiene con vida porque no quiere «seguir viviendo así», aunque tiene clara esta idea desde los 20 años, cuando supo que pasaría su vida postrada en una cama. «No acepto que haya medios que mantengan mi vida», dijo esta mujer, que asegura no tener «miedo a morir».
Por su parte, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Toledo, el cardenal Antonio Cañizares, calificó el caso de «atentado contra la vida y contra la dignidad humana». Según el cardenal Cañizares, «desconectar a una persona de los medios que le son proporcionados es sencillamente admitir de hecho la eutanasia, el que el hombre pueda quitarse la vida a sí mismo».
Para el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, se trata de «un paso más hacia esa campaña que estamos sufriendo en esta sociedad de poder legalizar un día, quizá no lejano, la eutanasia», que calificó como «ilegítima y un mal».
El jefe del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias del Hospital Universitario de Valme en Sevilla, Cristóbal León, abrió un nuevo frente en la polémica al pedir que sea «una persona ajena a la medicina» quien desconecte el respirador que mantiene viva a Inmaculada. «Los médicos estamos acostumbrados a luchar por la vida de los pacientes, no a ayudarles a morir», apuntó el doctor León, quien afirmó que, en su opinión, «es correcto que se respete el derecho de una persona a que le retiren el tratamiento, pero también hay que respetar los derechos del profesional que, en su caso, deba apagar la máquina».
