El año 2006 terminó con un vitoriano de 55 años detenido por pegar a su ex mujer tras quebrantar una orden de alejamiento. 2007 arrancó con el arresto de un joven de 20 años por agredir e insultar a su novia a la salida de una discoteca de la capital alavesa. Se trata de dos casos significativos que ponen de manifiesto que el maltrato sexista no entiende de edades y, según los expertos, tampoco de clases sociales. La estadística también lo demuestra: en lo que va de año, trece mujeres han perdido la vida a mano de sus parejas en toda España.
También la frenética actividad del juzgado de Violencia contra la Mujer de Vitoria, abierto en junio de 2005, habla claro de la lacra social que suponen los malos tratos. Y es que en los primeros 46 días de este año ha emprendido un total de 124 diligencias, lo que supone más de dos casos diarios. «Si en mes y medio ha entrado este volumen de asuntos y seguimos a este ritmo, acabaremos el año con casi 800 diligencias penales y más de 100 civiles como divorcios, separaciones u otras cuestiones derivadas de los casos de maltrato», advierte un portavoz de este órgano judicial.
Pese a que este volumen de actividad es muy superior al previsto -en 2005 se estimó que tramitaría una denuncia por día-, los mismos medios sostienen que Vitoria no precisa de un segundo juzgado específico contra la violencia machista, como ha reclamado el Colegio de Abogados de Álava. «Tenemos un volumen de trabajo similar al de Guipúzcoa. No hace falta por ahora. Lo que sí se necesita es más personal».
El abogado de la asociación Clara Campoamor en Álava, José Miguel Fernández, es de la misma opinión. «Es un juzgado que funciona muy bien, pero deben dotarle de más recursos, lo mismo que a la Fiscalía, porque está desbordada», señala.
Los números corroboran estas apreciaciones. En 2006, el juzgado, cuyo titular es Francisco Ontiveros, abordó 718 casos. De ellos, el 56% fueron procesos ordinarios por delitos. Además, se celebraron 175 juicios rápidos como consecuencia de que el acusado admitió la autoría del delito, con el fin de beneficiarse de la reducción de un tercio de la condena. El juez Ontiveros dictó, asimismo, noventa órdenes de protección a las víctimas.
Estas medidas para garantizar la seguridad de la mujer en peligro de sufrir nuevas agresiones no son las únicas registradas en Vitoria. Otros mandatos de protección han podido ser dictados por el juzgado de Guardia durante los fines de semana o las horas en las que el de la Violencia contra la Mujer está cerrado.
«Localizar al agresor»
De hecho, 333 mujeres cuentan ya con órdenes de este tipo, según datos de la Policía Municipal. En la mayoría de los casos, los acusados tienen la prohibición expresa de acercarse o comunicarse con las víctimas.
Este dato permite, a juicio de José Miguel Fernández, «romper el mito de que muchas de las denuncias que se presentan son falsas».
En los casos más graves, las medidas de protección implican dotar a la mujer de un sistema de localización para que pueda alertar a la Policía si se le acerca el agresor. Para el letrado de Clara Campoamor -una asociación que se persona como acusación popular en algunos de los casos de violencia sexista-, el inconveniente de vivir con un localizador debería sufrirlo «el agresor y no la víctima. Él debería estar permanentemente controlado», reivindica.
