Iosu Izaguirre (San Sebastián, 1964) es el máximo responsable de la Fiscalía alavesa desde octubre de 2006. Casado, padre de dos hijos y euskaldun, es doctor en Derecho por la UPV y especialista en Criminología y Derecho Cooperativo. Antiguo profesor universitario, llega a Vitoria tras una estancia en Lugo como Fiscal-jefe durante cinco años. No ve diferencias sustanciales entre la delincuencia que se practica en Álava y en otros lugares pero tiene claro que, aunque «todo el mundo defiende la reinserción (de los presos), nadie quiere una cárcel cerca».
-¿Cómo ha encontrado la Fiscalía y el resto de la Administración de Justicia en Álava?
-Todavía estoy tomando contacto con ella. La Fiscalía es muy pequeña y estaba bastante bien organizada, si bien he introducido algunos pequeños cambios de matiz. Y los juzgados, en general, funcionan de forma correcta.
-¿Ha notado saturación en los órganos judiciales alaveses?
-Creo que no existe saturación y, si se da en algún caso, es algo puntual.
-¿Está bien dotada de personal la Fiscalía en Álava?
-Sí. En enero se creó una nueva plaza de fiscal, que aún no se ha cubierto. Ahora somos once fiscales, tres de ellos sustitutos.
-¿Se arrastran aún muchos casos pendientes desde la reciente huelga de funcionarios judiciales?
-En la Fiscalía el atasco ya está resuelto porque el ámbito penal funcionó más o menos con normalidad. En el ámbito civil hay algún problema más, pero se va resolviendo poco a poco. En Álava, el problema no fue tan excesivo como en Vizcaya o Guipúzcoa.
-¿Considera que los continuos cambios de jueces en el País Vasco obedecen a la situación política?
-El cambio de jueces se debe a muchos factores. El primero es que no hay suficientes jueces y fiscales autóctonos y las plazas se tienen que cubrir con profesionales de fuera. Además, influyen las circunstancias sociales y otras de todo tipo. Cada caso es un mundo y no me atrevo a opinar.
-Cuando ejercía como fiscal en San Sebastián, de 1991 a 2001, la situación política era muy difícil. ¿Por que decidió regresar a su tierra?
-A todos nos tira la tierra. En 2006, cuando salió la plaza de Vitoria, la situación era mejor que la actual, pero decidí volver por razones personales y familiares.
-¿Se arrepiente de haber vuelto a Euskadi tras la ruptura de la tregua de ETA por el atentado de Barajas?.
-No, en ningún caso.
-¿Cómo ve la decisión del Gobierno vasco de retirar el uso de pisos a magistrados y fiscales?
-En primer lugar he de decir que yo vivo en un piso alquilado. Por otro lado, hay una serie de recursos en marcha que establecerán si esa decisión se ha ajustado a la legalidad. Me parece que ha habido excesiva demagogia sobre el tema y que hay que esperar la resolución de los tribunales.
-¿Cree que esa medida está vinculada al procesamiento del lehendakari Ibarretxe por reunirse con Batasuna?
-No tengo ni idea. Decir algo en ese sentido sería una temeridad.
-¿Qué opina sobre los procesamientos de Ibarretxe y Patxi López?
-Es un asunto que está 'sub iudice' y no voy a opinar sobre él.
-¿Conoce la precaria situación de la cárcel de Nanclares de la Oca?
-Sí, tengo algunas referencias. No la he visitado y tengo intención de ir en cuanto pueda. Además, se va a reinstaurar un sistema de visitas periódicas de los fiscales al centro penitenciario.
-¿Ve necesaria la construcción de otra cárcel en Álava, dada la antigüedad y las deficientes condiciones de la actual?
-Hay planes inmediatos de hacer un nuevo centro pero no es materia de mi competencia.
-¿Le gusta el actual modelo de macrocárceles o prefiere centros más pequeños y especializados?
-La tendencia actual es hacer centros más pequeños, aunque el problema fundamental es la ubicación porque todo el mundo defiende la reinserción de los presos, pero nadie quiere tener una cárcel cerca.
-¿Es similar la delincuencia en Álava a la de otras provincias?.
-Hoy en día, la tipología delictiva es más o menos similar en todas partes. Quizá pueda haber algún tipo de matiz derivado de la propia estructura socio-económica de cada sitio. Por ejemplo, Lugo era un ámbito mucho más rural, con una población más dispera y con menor desarrollo económico. Eso da lugar a que no existan determinados delitos de carácter económico que puedan existir aquí.
-¿Qué nuevas modalidades delictivas le parecen más preocupantes?
-Para mí, las más preocupantes son la violencia de género y todo lo referente a la siniestralidad laboral. En este sentido, tenemos que lograr entre todos evitar esa idea que cuando uno va a trabajar se puede jugar la vida o la integridad física. Y, en materia de delincuencia organizada, tenemos que ser conscientes de que el fenómeno de la globalización afecta también a la actividad delictiva. La movilidad de las personas ha aumentado y ello conlleva que el delito se convierta en transnacional y que delincuentes de otros países tengan una facilidad para actuar en España que antes no tenían.
Jueces y políticos
-Me refiero a casos que ya se han dado en Vizcaya, como el 'secuestro express' o el 'paseo millonario'...
-En Vitoria aún no se ha detectado ese tipo de acciones pero hay que tener en cuenta que las modalidades delictivas también se renuevan. Eso quiere decir que tales fenómenos, antes inexistentes aquí, ya se están empezando a dar.
-¿Es insuficiente la Ley de Violencia de género para paliar esa lacra?
-Se trata de un problema muy complejo con raíces educativas, sociales e históricas que no se pueden cambiar de la noche a la mañana ni sólo a través de una ley. Yo siempre he dicho que el Derecho Penal no soluciona nada sino que es sólo un remedio a los problemas que se plantean.
-¿Le parece que esa ley es discriminatoria para los hombres?
-No, pero el Tribunal Constitucional tendrá que resolver las cuestiones de inconstitucionalidad que se han planteado.
-En junio de 2005 se creó en Vitoria el Juzgado de Violencia contra la Mujer, que atiende ya más de dos casos al día. ¿Ve necesario crear otro órgano similar en Álava?
-En principio, no.
-¿Es consciente del descrédito creciente de la Justicia por su progresiva politización?
-A mi juicio, no existe politización en la Justicia, lo que ocurre es que tiene que resolver asuntos que sí tienen relevancia política. Admito que pueda existir esa sensación, pero creo que se deriva más de las opiniones de los políticos que de la propia actuación de los jueces, que está ajustada a derecho.
-¿Se han convertido los juzgados en un parlamento en miniatura?
-No, en ningún caso. Lo que ocurre es que algunos políticos alaban las sentencias que les gustan y denigran las que no, pero eso es algo que está al margen de la Administración de Justicia.
¿Qué soluciones ve para poner fin a esa situación?
-Apelar a la responsabilidad de los políticos, que tienen derecho a criticar las resoluciones judiciales pero siempre con mesura y sin caer en la descalificación pesonal ni en la deslegitimación de las instituciones.
-El etarra De Juana Chaos ha cumplido sólo 9 meses de cárcel por cada uno de los 25 asesinatos que se le imputan y la Fiscalía le empezó pidiendo 96 años de cárcel por unos artículos de opinión y luego redujo esa petición a 12 años, que finalmente se han quedado en una condena de tres años. ¿Cómo puede entender el ciudadano todo ello?
-De Juana ha sido condenado conforme al Código Penal vigente. Y, en cuanto a la variación de la Fiscalía, cada uno la valorará según le parezca pero, en todo caso, las calificaciones de los fiscales han sido aceptadas por los tribunales.
-Pero comprenderá el desconcierto que eso crea en la sociedad....
-Sí, porque al ciudadano de a pie le resulta muy difícil entender los intríngulis de la técnica jurídica.
