Las víctimas de violencia doméstica gozan de condiciones ventajosas en el acceso a las viviendas de protección oficial (VPO). El Departamento de Vivienda del Gobierno vasco ha aprobado, en el marco de la Ley de Igualdad, un decreto para facilitar a este colectivo el acceso a un piso protegido. Este texto desarrolla la normativa que, desde hace dos años, exime a las maltratadas del requisito del empadronamiento y de los ingresos mínimos, entre otros. A lo largo de 2005 y 2006, medio centenar de mujeres han recibido las llaves de una vivienda protegida en Euskadi en el marco de esta legislación.
Para ellas se reserva un cupo del 4% de los pisos que salen a sorteo en las promociones impulsadas por el Ejecutivo autonómico, dentro del capítulo de familias monoparentales. Hasta ahora se han aceptado en las listas de 17 promociones protegidas del Gobierno vasco las solicitudes de 264 mujeres víctimas de malos tratos. La mayor parte -202- corresponde a los ocho sorteos llevados a cabo en Vizcaya, frente a las 47 mujeres que han sido admitidas en las listas de seis promociones en Álava y una quincena en tres sorteos celebrados en Guipúzcoa. Fuentes de Vivienda estiman que el 20% -es decir, alrededor de 50- «fueron adjudicatarias de un piso en alquiler o en propiedad gracias al cupo reservado».
En virtud de la normativa vasca, las víctimas pueden acceder a cualquier sorteo sin necesidad de estar empadronadas en la localidad, requisito indispensable para el resto de solicitantes, de manera que pueden ir probando suerte en las rifas de cualquier municipio de Euskadi. Tampoco se les exige tener unos ingresos mínimos de 9.000 euros anuales, si bien no pueden superar los 33.100 euros. «Incluso pueden ser titulares o cotitulares de una vivienda, ya que en algunos casos tienen que escapar corriendo y con lo puesto», explican en el departamento.
Con la relación rota
No obstante, para poder ser admitidas en las listas, están obligadas a acreditar su condición de víctimas de maltrato. «Deben presentar una sentencia a su favor o una orden de protección dictada por el juez. También puede ser válido un informe de los servicios sociales del Ayuntamiento que reconozca que se han producido malos tratos. Además, la solicitante debe estar separada o en proceso de divorcio, es decir, tiene que corroborar que ha roto la relación con su maltratador», informó un portavoz del departamento. Los tribunales vascos tramitaron el pasado año un total de 3.915 procedimientos penales por violencia de género y recibieron 1.655 solicitudes de órdenes de protección, de las que se concedió en torno al 75%.
Las víctimas de la violencia de género no sólo pueden acceder en condiciones ventajosas a las promociones de vivienda que sortea el Gobierno vasco, sino también a los pisos protegidos que impulsan los ayuntamientos, aunque las administraciones locales que no realicen las asignaciones a través de Etxebide no están obligadas a reservar un cupo para ellas. Algunos consistorios, sin embargo, ya han empezado a aceptar en sus listas a víctimas no empadronadas en el municipio. Es el caso de Galdakao, que ha admitido recientemente las solicitudes de mujeres no residentes en un sorteo de 21 VPO.
