No es habitual, en las democracias llamadas de opinión, que los gobernantes adopten decisiones que están abocadas a causar fuerte rechazo en la opinión pública. No, al menos, si tales decisiones pueden ser evitadas. Sin embargo, esto es lo que ha hecho el Gobierno de Rodríguez Zapatero al decidir atenuar la prisión del recluso De Juana Chaos. Sabía el Gobierno de antemano, como muy bien advirtió el ministro del Interior, que la decisión sería controvertida. El estado emocional en que estaba ya instalada la ciudadanía por este asunto, así como la propensión que, de tiempo atrás, viene demostrando el Partido Popular a aprovecharse de todo lo que tiene que ver con el terrorismo, hacían prever que la medida gubernamental iba a desatar las pasiones que de hecho ha desatado.
A la gente le cuesta entender que las opciones a las que un gobierno se enfrenta son, las más de las veces, entre dos males. Prefiere, a la hora de implicarse en decisiones ajenas de esta complejidad, evitar los excesivos quebraderos de cabeza y quitarse de encima la responsabilidad de verse contaminada por esa parte de mal que cualquier decisión que se adopte implica. Tiende, por ello, a simplificar las disyuntivas y ponerlas en esos términos claros y nítidos de 'el bien' y 'el mal', para rechazar, naturalmente, lo que considera 'el mal', sin pararse siquiera a admitir que algo de ese 'mal' también habría habido en la alternativa que no se ha elegido. Su tendencia a la simplificación se exacerba, si a su lado encuentra a unos líderes de opinión, políticos y sociales, que manipulan las disyuntivas hasta situarlas en términos aún más simples, como si se tratara, no ya de opciones entre 'el bien' y 'el mal', sino, lisa y llanamente, entre 'el bien absoluto' y 'el mal absoluto'. Así está ocurriendo en el caso de Iñaki de Juana Chaos. No se piensa en ese algo de 'mal' que también habría habido -¿o no?- en la opción de haber dejado morir al recluso a raíz de su huelga de hambre.
En esta situación conocida, poderosas han debido de ser la razones que han convencido al Gobierno de la decisión finalmente adoptada. Haría falta ser muy malévolo para no admitir que una de ellas haya podido ser la que de hecho se ha aducido, a saber, ese sentido de la humanidad que le lleva a uno a evitar, en la medida en que esté a su alcance, la muerte de un ser humano. En este sentido, la apelación al deber constitucional de la 'protección de la vida' como un bien superior, si no supremo, no tiene por qué ser considerada hipócrita.
Pero no parece que ésta haya sido la razón definitiva del comportamiento gubernamental. Al fin y al cabo, ese deber constitucional lo estaba ya cumpliendo el Gobierno con el tratamiento que estaba dispensando al recluso en el Hospital Doce de Octubre. La muerte habría sido, de haberse producido en esas circunstancias, responsabilidad exclusiva del propio preso. Es lógico, por tanto, pensar que, además de esta, por así llamarla, ética de la convicción, habrá entrado también en juego algún tipo de ética de las consecuencias o de los resultados. Así, el Gobierno habrá pensado, por ejemplo, en que la evitación del 'mal', considerado mayor, de los efectos negativos que la muerte del recluso podría producir, en el corto plazo, sobre el tensionamiento de la situación de Euskadi y, en el medio o largo, sobre el retorno de ETA a los asesinatos de ciudadanos bien merecía la aplicación de una medida que, como la de hecho adoptada, le está permitida al Ejecutivo por la ley. No sería, desde luego, razón de poca monta para justificar una medida tan ponderada como la reclasificación de un recluso en segundo grado y la atenuación de su régimen penitenciario.
Sin embargo, ninguna de estas razones habrían sido, en mi opinión, suficientes, si no hubiera concurrido otra que, aunque sólo podrá admitirse de manera vergonzante por el Gobierno, ha debido de resultarle decisiva en su fuero interno. Se trata, ni más ni menos, que de la 'mala conciencia' o del 'sentimiento de culpa' que todo el proceso judicial que se ha seguido contra De Juana Chaos ha venido creando en el Gobierno desde aquel lejano día en que el juez Pedraz se vio obligado a tragarse su resolución de no procesarlo por los famosos artículos en 'Gara' y de dejarlo en libertad, tras haber cumplido la condena que sobre él pesaba por los asesinatos cometidos. La cadena de despropósitos jurídicos y políticos ha sido desde entonces tan bochornosa que el Gobierno se ha sentido en la obligación de cortarla en cuanto el caso ha caído en sus manos. Desde este punto de vista, la última medida del Gobierno tiene una intención reparadora, que, aunque no confesable de manera oficial, es precisamente la que libera su decisión de toda apariencia de sometimiento al chantaje. Pero es más fácil, y más creíble, montar un auto de fe y quemar en la hoguera al Gobierno.
