El fiscal jefe de la Audiencia de Vitoria, Jesús María Izaguirre, ha solicitado a la titular del juzgado de Instrucción número 1 que investigue el presunto fraude en la gestión del pago de subvenciones a las empresas de autobuses que cubren las líneas de los pueblos, denunciado por la Diputación y un abogado vitoriano. La Fiscalía pide al juzgado que recopile información sobre un asunto que llegó a los tribunales alaveses a finales de diciembre, derivado desde la Audiencia Nacional.
Tras varias semanas de deliberaciones, los magistrados del tribunal estatal han decidido al fin trasladar la causa a Vitoria, donde se espera que pronto se tome declaración a las personas relacionadas con este escándalo. La Audiencia investigará el supuesto desvío de 1,32 millones de euros de fondos del Departamento foral de Transportes entre los años 2003 y 2005.
Como desveló EL CORREO, la presunta malversación de fondos públicos se destapó el 17 de noviembre, cuando algunas de las ocho compañías de autobuses que reciben ayudas por cubrir líneas deficitarias denunciaron irregularidades. Sólo cuatro días después, el titular del Departamento de Obras Públicas y Transportes, el popular Javier de Andrés, cesó de manera fulminante al jefe del servicio de Transportes, Carlos Jiménez Echevarría, por su implicación en una supuesta trama de facturas falsas. Según explicó De Andrés en una comparecencia posterior en las Juntas Generales, el funcionario, en connivencia con la empresa de Andoain Fatco S.L.-, propiedad de Enrique Azpiroz, hermano de un congresista del PP- engrosaba las solicitudes de ayudas de las compañías de autobuses con recibos por trabajos de publicidad inexistentes.
De 2003 a 2005
En el informe remitido el 21 de diciembre al fiscal jefe de Vitoria, la Diputación entrega los datos de la concesión de ayudas de los años 2003, 2004 y 2005. De los diez millones a los que ascendieron las subvenciones en ese trienio, 1,32 millones fueron a parar a manos de terceras personas.
Se da la circunstancia que en esos años Fatco incrementó entre un 77% y un 59% sus ingresos, de acuerdo con los datos aportados por la firma al Registro Mercantil. Este espectacular aumento de las ventas está inevitablemente ligado a las facturas giradas a la Diputación alavesa en ese periodo. En 2005, declaró 906.459 euros en su cifra de negocios, de los que 321.073 -el 35,4%- procedieron de los servicios al parecer ficticios que cobró a Álava. En 2004, la ventas declaradas fueron de 860.585 euros, de los que 492.635 -el 57,2%- procedían de las arcas forales. Y en 2005, con unos ingresos de 816.113 euros, los ingresos de la Diputación le supusieron 507.073 -el 62%-. Es decir, cuanto peor le iba el negocio en otros campos, mejor le funcionaban sus negocios con el Departamento foral de Transportes. Esto, unido a un recorte de los gastos de explotación y de personal, le permitió multiplicar por diez sus beneficios y pasar de 13.854 euros en 2002 a 148.686 en 2005.
Estas son algunas de las cifras que engrosan el expediente de este caso en el que el abogado Manuel Maysounave, que denunció dos días antes que la Diputación el malestar de las empresas de autobuses, ejercerá la acusación popular. El Gabinete Rabanera rehusa personarse y dejará que el fiscal jefe actúe de oficio.
