La renovación del mobiliario urbano de Vitoria puede costarle muy caro al Ayuntamiento, pese a que en un principio iba a salirle gratis. El Consistorio, según el PP, se enfrenta a una «indemnización millonaria» después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco diera la razón a la primera empresa a la que se iba adjudicar el cambio de las marquesinas. La marcha atrás municipal se debió a la postura de la oposición -entonces PNV, PSE EB y EH-, que forzó al Gabinete Alonso a cancelar el contrato, lo que se hizo «de forma contraria a derecho», según la sentencia del Alto Tribunal.
Veinticuatro horas después de conocerse el fallo, el equipo de gobierno anunció que recurrirá esa sentencia ante el Supremo, pero se mostró poco optimista respecto a los argumentos jurídicos a su favor, y asumió que «habrá que negociar» con la empresa la cantidad compensatoria, que se prevé «alta».
Los jueces del tribunal han condenado al Ayuntamiento de Vitoria por renunciar a contratar en el último momento y sin razones suficientes a El Mobiliario Urbano S.A. (Elmusa) para acometer la renovación de las marquesinas, lo que debía hacer gratis a cambio de explotar durante 15 años sus espacios publicitarios. La empresa, como destaca el fallo, cumplía con todas las exigencias marcadas de antemano y había recibido la máxima puntuación en el concurso público al que se habían presentado tres ofertas, por lo que debía haber sido contratada.
Las bases del proceso, pactadas en 2001 por PP y PSE, preveían que la firma mantendría la propiedad de las marquesinas y del resto de elementos -aseos públicos, paneles electrónicos- pasados esos 15 años de contrato, por lo que podía desmantelarlos y llevárselos. Con el concurso iniciado, sin embargo, los socialistas cambiaron de criterio y se aliaron con el PNV, que había mantenido una postura contraria al proceso porque entendía que las marquesinas debían quedar en propiedad de la ciudad.
Ambos partidos, con mayoría en la Corporación, forzaron al PP en 2002 a dejar sin adjudicar el contrato y le obligaron, con los votos de EB y EH, a iniciar un concurso nuevo, que debía recoger la previsión de que el mobiliario urbano se quedara en manos municipales tras el periodo contractual. La segunda licitación, lanzada en 2003, fue ganada por Cemusa, filial de FCC, que colocó las nuevas marquesinas por toda la ciudad entre los años 2004 y 2005.
El fallo del tribunal condena al Ayuntamiento por todo este proceso y declara nulos los acuerdos tomados por el pleno, ya que entiende que se debió adjudicar el contrato a El Mobiliario Urbano en primera instancia. La firma, según comunicó ayer el PP, «no quiere que se quiten las marquesinas actuales para poner las suyas, sino que busca una indemnización», explicó el teniente de alcalde Javier Maroto.
«Que paguen ellos»
Los populares, que padecen desde hace meses un férreo marcaje desde la oposición, aprovecharon el varapalo judicial a PNV y PSE para reclamar «responsabilidades políticas» a sus portavoces, Mikel Martínez y Patxi Lazcoz. «Se ha demostrado que tomaron una decisión a sabiendas de que podían crear un perjuicio a la Hacienda local», manifestó Maroto, quien enarboló cuatro informes emitidos en aquellas fechas que advertían del riesgo de dejar en suspenso la adjudicación. El secretario general del PP, Iñaki Oyarzábal, elevó más el tono y demandó que «afronten ellos mismos los pagos multimillonarios».
Nacionalistas y socialistas coincidieron en reclamar al alcalde que recurra la sentencia ante el Supremo, aunque eludieron abordar el debate de fondo. El PNV matizó que su actuación fue «coherente», pues siempre se posicionó en contra del concurso para cambiar el mobiliario si permitía a la empresa llevárselo tras 15 años.
El PSE aseguró que su cambio de criterio pretendía «salvaguardar la eficacia en la gestión de las cuentas públicas», pero «a veces en política pasan estas cosas», dijo su secretario general, Txarli Prieto.
