El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha concedido la incapacidad laboral permanente y absoluta a una mujer de 29 años debido a las secuelas del acoso sexual padecido por parte de su jefe, a pesar de que los juzgados de lo penal no lo creen probado.
La mujer, que trabajaba en una clínica veterinaria, denunció su caso por dos vías: la penal, para acusar a su jefe de haberla sometido a acoso sexual y laboral, y la social, para que se reconociera que las secuelas psíquicas que padece por causa de esa situación la incapacitan para desempeñar cualquier tipo de trabajo.
Los dos órdenes jurisdiccionales han dictado ya resoluciones firmes. La Audiencia de Cantabria, que absolvió al acusado por existir dudas de que fueran ciertas las vejaciones que se le imputaban, y ahora la Sala de lo Social del Tribunal Superior, en el sentido indicado.
