El Departamento de Presidencia del Ayuntamiento de Vitoria fraccionó en seis pagos el contrato de organización de un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo para poder «adjudicarlo a dedo» a la empresa que dirige el hermano del concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo. Así lo denunció ayer el portavoz de Ezker Batua en el Consistorio, José Navas. El PP no desmintió los hechos, pero agregó que su proceder es «legal» y volvió a denunciar «la existencia de una campaña de acoso» en su contra.
Navas mostró las seis facturas en las que se trocearon los honorarios abonados a la firma KMeetings, todas fechadas el mismo día - el 16 de diciembre pasado- y con la misma referencia: «Homenaje a las Víctimas del Terrorismo de Álava». Los pagos rondan, en los seis casos, los 2.990 euros. En una factura se cobra «el diseño de escenografía para escenario»; en otra, los honorarios de organización; en una tercera, el servicio de azafatas, la decoración floral y la «ambientación musical primera parte»; en otra la «ambientación musical segunda parte» y diversos trabajos de montaje; y servicios generales en las restantes.
«El homenaje costó casi 17.945 euros, pero las facturas fueron fraccionadas porque a partir de 12.000 euros de gasto es obligatorio por ley abrir la concurrencia a otras empresas, hacer un concurso público», explicó Navas. A su juicio, que ningún recibo tampoco rebasara los 3.000 euros tiene una explicación. «Los pagos inferiores a esa cantidad se abonan por resolución del concejal, no pasan por el procedimiento administrativo habitual. Son, por tanto, más difíciles de controlar», agregó.
Existe una séptima factura del mismo, también de KMeetings y por una cuantía de 2.987 euros, referente a «la presentación de la exposición 'En pie de foto'», cuya exhibición coincidió con el acto de homenaje a las víctimas. Respecto a ésta, Navas no aprecia irregularidades, dado que se trata de un contrato diferente al anterior.
Alfredo Iturricha, el concejal del PP que firmó los pagos, dijo que es «habitual» que haya «facturas distintas para azafatas, decoración, etcétera» en este tipo de actos. Denunció, a renglón seguido, la «campaña de acoso y desprestigio» que aprecia en la oposición. También defendió que la contratación a la empresa de un hermano de un concejal «no es un asunto incluido en el régimen de incompatibilidades» en la contratación, una acusación que Navas no había hecho.
Incompatibilidad
El PNV anunció que pedirá a la Secretaría General del pleno que estudie la legalidad de este asunto, dado que «creemos que ha existido un trato de favor a una empresa que ha recibido un contrato de forma directa sin concurso público mediante esta artimañana», indicó el edil Iñaki Prusilla. Los nacionalistas reclamarán al máximo órgano jurídico que asesora al pleno que analice también otro asunto: la supuesta adjudicación en la actual legislatura de tres contratos a la empresa del marido de la concejala del PP Idoia Garmendia, DSS (Digital Security Solutions) . Según la oposición, estas adjudicaciones pueden quebrantar el régimen de incompatibilidades, dado que los cónyuges de los concejales no pueden acceder a contratos públicos.
Según los grupos, los contratos se formalizaron después del acceso de Garmendia a la Corporación en junio de 2003, lo que el PP niega. Las facturas aludidas ascienden a 6.782 euros, según el PNV.
El teniente de alcalde Javier Maroto admitió también ayer que la empresa que ganó el concurso de comunicación de la carpa de la plaza de España puso anuncios en prensa antes de que se formalizara la adjudicación. Lo hizo, dijo, porque «sabía que iba a ser la adjudicataria y se arriesgó».
