La investigación abierta a la ONG Intervida por presunto desvío de fondos suscitó ayer reacciones en distintos ámbitos. La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), dependiente de la Generalitat, ha hecho público que negó subvenciones a seis proyectos de la fundación porque «no tenía buenas referencias» de ella y sabía que no estaba asociada a ninguna red. «No es una condición exclusiva, pero valoramos mucho que las ONG estén asociadas, porque quiere decir que aceptan unas condiciones éticas y de transparencia, es una garantía», aclaró el director de la ACCD, Andreu Felip, que defendió la «buena gestión» de estas entidades y consideró «casos puntuales» los de Anesvad e Intervida.
El ex fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, explicó ayer que la investigación se abrió a raíz de una denuncia y avanzó con «terrible lentitud», ya que se llevó a cabo en contacto con fiscalías de Perú y Guatemala, con una «burocracia institucional» que sólo permitía dar «dos o tres pasos cada año». Mena se refirió a la visita que le cursó Jesús Cardenal hace un año, cuando ya no ocupaba el cargo de fiscal general del Estado, para -según la Cadena Ser- intentar que se archivara la investigación sobre Intervida. El ex jefe del ministerio público catalán negó que hubiese «ninguna presión», pero sí consideró «poco ética» la actuación de Cardenal.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas ONG, Rafael Jariod, comparó lo que está ocurriendo con una «caza de brujas» contra las organizaciones que no forman parte de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (CONGDE).
