EL CORREO
C Los propietarios de terrenos en el sector 19 de Aretxabaleta-Gardélegui -donde está prevista la construcción de 2.210 viviendas en los próximos años- han tenido que hacer frente a un pago con el que no contaban cuando calcularon que el coste de la urbanización de esta primera gran expansión de Vitoria por el Sur sería de 31 millones de euros. La Ley del Suelo vasca les obliga a depositar un aval de dos millones de euros, equivalente al 7% de esa cantidad, como garantía de obras.
Los promotores, que se reparten 796.000 metros cuadrados en la zona, ya han firmado un convenio con el Ayuntamiento, que según la nueva ley debe actuar como depositario, en el que aceptan ingresar el dinero. Este pago será obligatorio en lo sucesivo para los responsables de urbanizaciones privadas de nuevo cuño o de las ya que ya están planificadas desde hace tiempo, pero cuyo proyecto de reparcelación está pendiente. Ese documento concreta cómo se reparten el pago de los viales, los saneamientos y otras infraestructuras de uso público.
Así, los sectores 13 y 14 de Salburua -los más próximos a Errekaleor y Puente Alto y sobre los se levantarán 3.328 casas- serán los siguientes a los que se aplicará ese aval del 7%. Los dueños de esos suelos deberán entregar al Ayuntamiento un documento bancario que garantiza el pago de casi 2,5 millones de euros.
El Consistorio les devolverá ese dinero cuando finalice la urbanización. Eso sí, mientras duran este tipo de obras -unos dos años- tendrán que pagar intereses a los bancos que cubran el aval.
Un portavoz de la patronal alavesa de la construcción Uneca criticó que la garantía exigida por el Gobierno vasco «es un coste financiero que no ayuda a contener la carestía de la vivienda libre». A su juicio, esa aportación se reflejará inevitablemente en el precio final de venta. Y en el caso de Aretxabaleta y del sector 14 de Salburua, advierte, la carga financiera se añade a unos precios de urbanización que son de partida «muy elevados».
39.000 de repercusión
Según el pacto alcanzado entre el Ayuntamiento de Vitoria y las juntas administrativas de Aretxabaleta y Gardélegui, los propietarios tendrán que ceder viviendas a los vecinos afectados por la urbanización y además asumir importantes obras de infraestructuras, entre ellas la red neumática de recogida de basuras. Esto supone un coste de partida de 29.000 euros por vivienda y de 39.000 en el caso de las unifamiliares.
Por su parte, los propietarios del sector 14 deben costear los nuevos viales que solucionarán el 'punto negro' de la carretera de Otazu en Puente Alto. Es una obra valorada en 2,5 millones que también ha elevado la repercusión de la urbanización en cada vivienda a una media de 25.000 euros.
