La polémica por los contratos públicos adjudicados por el equipo municipal de gobierno del PP a familiares de los concejales Idoia Garmendia y Jorge Ibarrondo crece como una bola de nieve. El alcalde, Alfonso Alonso, deberá dar explicaciones el lunes -solicitadas de forma «extraordinaria y urgente» por la mayoría de las formaciones- y enfrentarse a la censura de la oposición, que reclamará «medidas drásticas» y «dimisiones» por los dos casos sobre la mesa. En ambos, a juicio del máximo órgano jurídico municipal, se incumplió la legalidad.
La titular de este gabinete analizó a petición de PNV y EB varios contratos de servicios adjudicados por el equipo de gobierno de Alfonso Alonso a la empresa del marido de la concejala Idoia Garmendia y a la firma del hermano del edil de Urbanismo, Jorge Ibarrondo.
En el primer caso, la Secretaría General advierte que se conculcó la ley en tres ocasiones, cuando se formalizaron sendos contratos con la firma DSS -de la que el marido de Garmendia fue consejero y apoderado entre 2002 y 2006- para la impartición de cursos formativos relacionados con la seguridad informática y la protección de datos. Las facturas de estos cursillos suman 6.782,70 euros. La Secretaría General falla que las adjudicaciones son «nulas de pleno derecho», dado que la ley española prohíbe a las administraciones municipales adjudicar servicios a los cónyuges o descendientes de los concejales.
En el segundo asunto, la firma Kasta Servicios Integrales, dirigida por el hermano del edil Jorge Ibarrondo, recibió de forma directa el encargo de organizar el acto de homenaje a las víctimas de terrorismo de Álava el pasado 16 de diciembre. La empresa presentó seis facturas por este concepto, todas inferiores a 3.000 euros, por lo que pudieron ser abonadas por mera resolución del concejal del área. La suma fue de 17.945,20 euros.
La jurista municipal zanja que el contrato «tampoco se ajusta a derecho», dado que entiende que se fraccionaron las facturas «con objeto de disminuir su cuantía y eludir así» la obligatoriedad de haber convocado un concurso público entre empresas, lo que es indispensable a partir de 12.020 euros de agsto.
«Trampas contables»
Los principales grupos de la oposición, que ya avanzaron su posicionamiento ayer en EL CORREO, profundizaron en su análisis. El PNV interpretó que «las ilegalidades son claras» y demandó a Alonso «medidas» que «garanticen la transparencia y el cumplimiento de la ley» en el Consistorio. «La falta de ética política es evidente en estos casos», censuró el concejal Iñaki Prusilla.
Los socialistas, por su parte, demandaron «dimisiones» y anunciaron que llevarán el asunto «a los tribunales». «Se han firmado contratos ilegales -enfatizó el edil Juan Carlos Alonso- y se han utilizado a sabiendas trampas y triquiñuelas contables. Y es especialmente vergonzoso que se haya aprovechado un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo para ello», apuntó.
El teniente de alcalde, Javier Maroto, salió, por su parte, en defensa de las actuaciones del equipo de gobierno. «Son contratos nulos, pero no ilegales», matizó, tras discrepar de forma abierta con el criterio de la Secretaría General. Maroto mostró a la prensa «más de 30 millones de euros en contratos» de los últimos seis meses de gobierno del ex alcalde Cuerda (PNV), «todos ellos con facturas fraccionadas. Y en mi opinión, no son irregulares», dijo. El concejal del PP enmarcó las valoraciones de la oposición en una «campaña de acoso» contra el PP.
