Los grupos políticos de la oposición en Vitoria -PNV, PSE, EB y EA- anunciaron ayer su intención de poner este mismo miércoles en manos de la Fiscalía alavesa las supuestas «irregularidades» detectadas en sendas promociones de chalés en Ibaiondo y Ali, que las formaciones investigan desde principios de año.
Los partidos, que suman 18 de los 27 ediles de la Corporación, aprobaron ayer en un tenso pleno las conclusiones definitivas de su análisis, que se desarrolló durante nueve sesiones monográficas a las que asistió una quincena de técnicos municipales y otros implicados en ambas actuaciones urbanísticas. El documento aprobado por mayoría juzga «evidentes» las «ileagalidades» en ambos casos y estima que produjeron un «enriquecimiento» de las empresas que construyeron los 24 chalés de Ibaiondo y los siete de Ali.
En el primer caso, los grupos consideran probado que Urbanismo autorizó a la empresa Opacua a cobrar 54.000 euros más por cada chalé, en contra del criterio del pleno. En el segundo, que se permitió la edificación de siete viviendas en una parcela donde sólo se podían construir seis.
El PP, que ha considerado que la investigación ha sido «un paripé» que tenía «las conclusiones tomadas de antemano», se negó ayer a participar en el debate político durante el pleno, lo que le fue reprochado por el resto de formaciones. Sólo intervino en el turno de explicación de voto, que su portavoz Javier Maroto aprovechó para denunciar que «se han omitido en el expediente de forma deliberada todas las opiniones de los técnicos que han avalado la actuación del equipo de gobierno», señaló. Maroto también dijo confiar en la Justicia, «donde al menos podremos defendernos», así como en «el veredicto de las urnas».
«Prevaricación»
La oposición reiteró los argumentos que les han llevado a anunciar el traslado de la documentación a la Fiscalía alavesa, para que determine si existen indicios de delito en las actuaciones urbanísticas analizadas. «Vemos indicios de prevaricación», señaló el portavoz peneuvista Mikel Martínez, quien valoró que la comisión de investigación «ha servido para rescatar la verdad».
El socialista Juan Carlos Alonso calificó de «demoledoras» las conclusiones del análisis de los hechos. «Hoy sabemos que se ha orquestado en Urbanismo un 'modus operandi' nada edificante y claramente irregular. El alcalde lo sabía, pero no movió ni una pestaña. Vitoria no se merece un gobierno así», zanjó.
José Navas, de EB, se preguntó si «a cambio de qué» se «cometieron las irregularidades». «¿Cuál es el móvil, dinero, favores, bienes?», lanzó al aire. Antxon Belakortu, de EA, solicitó que Opacua «devuelva» a los adjudicatarios de los chalés de Ibaiondo el sobreprecio cobrado».
