«Siguen siendo conservadores, pero algo menos». Con esta afirmación, en un tono distendido, describía ayer un juez vasco la composición de la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo, encargada de la ilegalización de partidos y listas electorales. Los sectores progresistas han ganado peso en las últimas semanas dentro de esta institución tras resolverse una no muy bien aclarada polémica sobre qué jueces la debían integrar, con acusaciones de manipulación en varios nombramientos por parte del presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando.
La minoría progresista en el CGPJ imputó directamente a Hernando haber alterado el orden de designación de varios magistrados para apuntalar la mayoría conservadora de la Sala del 61. Una cuestión en principio baladí, pero que en el órgano 'ilegalizador' cobra vital importancia. La Sala la componen el presidente del Supremo, los presidentes de las cinco Salas del Tribunal -Civil, Penal, Contencioso, Social y Militar- y los magistrados más veteranos y los designados más recientemente de cada una de esas áreas. En total, 16 miembros.
El conflicto dentro del Consejo General finalizó cuando Hernando aceptó sustituir al conservador Antonio Salas por Encarnación Roca, de perfil más progresista, si bien no consta que esté afiliada a ninguna asociación de jueces. La decisión igualó algo más la correlación de fuerzas entre un sector y otro, aunque la ventaja sigue a favor de los conservadores.
Entre la mayoría 'de derechas' se sitúan el propio presidente del Supremo, los titulares de lo Social, de lo Militar y de lo Contencioso -Joaquín Samper, Ángel Calderón y Ricardo Enríquez, respectivamente-, además de los magistrados Manuel Marchena, Manuel Martín Timón y Javier Juliani. Frente a ellos, con un corte «más de izquierdas» según algunos expertos consultados, quedarían el ex ministro socialista Fernando Ledesma, el presidente de la Sala Civil, Juan Antonio Xiol, y los jueces Enrique Bacigalupo, José Luis Calvo, Román García Varela y la citada Roca.
En medio, de talante moderado, estarían Aurelio Desdentado, Juan Saavedra y Rosa María Virolés. Algunas fuentes colocan, no obstante, a los dos últimos magistrados más cerca de la mayoría que de la minoría progresista.
Sin margen de maniobra
Todos los especialistas cuestionados coinciden al advertir de la «enorme experiencia» de los 16 componentes de este órgano y destacan que su «independencia profesional» quedará por encima de su tendencia ideológica. De hecho, Enrique Bacigalupo y Aurelio Desdentado, más alejados de los conservadores, apoyaron la decisión de la Sala del 61 de ilegalizar Batasuna en 2003. En este sentido, recuerdan también el 'caso De Juana', cuando la Sala de lo Penal en pleno, también dominada por los conservadores, aceptó por una enorme mayoría reducir de doce a tres años la pena de cárcel al preso de ETA.
«Aunque a veces influya en la lectura de la ley, hay cuestiones en que el margen de maniobra es minúsculo», asegura otro juez vasco. Una situación que creen que se repetirá al analizar las listas de Abertzale Sozialistak y ANV que Fiscalía y Abogacía del Estado pretenden proscribir. «Tal y como lo ha presentado Cándido Conde Pumpido lo más normal es que el Supremo acepte al cien por cien el criterio de la Fiscalía y que después el Tribunal Constitucional contradiga mínimamente al Supremo y admita el paso a las urnas de un pequeñísimo número. Otra decisión judicial se daría si hubieran ido contra todo ANV».
