Europa necesita coordinar mejor las actuaciones de sus cuerpos policiales, y reforzar las capacidades de los compartidos, como Europol, para hacer frente a la avalancha de criminales que se ha tomado Europa como territorio ideal para sus fechorías. Hugo Brady detalla las facilidades que el espacio integrado europeo ofrece, desde puntos de vista tanto económicos como operacionales, para el desarrollo de actuaciones criminales. Veintisiete países con estructuras judiciales y policiales diferentes ofrecen una contención relativamente tenue para tanto rufián.
Además de Interpol, la colaboración interestatal en materia criminal está regulada, en sustancia, por la Convención de Asistencia en Cuestiones Criminales del Consejo de Europa, que data de 1959 y que ha sido actualizada en 2000. Pero se trata de un marco demasiado rígido que se intenta mejorar a través del pilar de Justicia e Interior del Tratado de la Unión Europea.
1,2 millones de policías
Los avances, sin embargo, son muy lentos. Aprobada la Euroorden al calor de los atentados del 11-S, el reconocimiento mutuo de evidencias no será real hasta 2010, como pronto, debido a los trámites de ratificación parlamentaria. En Europa hay 1,2 millones de policías, pero sus modos de organización, métodos de trabajo y filosofías de actuación difieren de un país a otro. Hay, como sintetiza Brady, cuerpos policiales «preactivos», con capacidad de iniciativa propia en materia de investigación, que suelen obtener buenos resultados en acciones preventivas. Otros, en cambio, sólo investigan en base a órdenes judiciales, lo que determina que, en la mayor parte de los casos, haya tenido que cometerse un crimen para que intervengan.
El Reino Unido no admite el carácter probatorio de las escuchas, que sí lo otorga a las imágenes de las cámaras de vídeo esparcidas por todo el país. Esas cámaras, sin embargo, son ilegales en Dinamarca y Francia, que reconoce la validez de las escuchas telefónicas, considera el uso indiscriminado del video como atentatorio contra la privacidad. Y hay países europeos que ni siquiera las utilizan.
La fallida Constitución preveía instrumentos de acción contra el crimen organizado más eficaces, pero no ha salido adelante. Así que Europa avanza más mediante cooperaciones reforzadas encubiertas en materia de seguridad -el espacio Schengen, la Convención de Prüm-, que por la acción del Consejo de Justicia e Interior.
Alemania, que detenta la presidencia de la UE este semestre, está empeñada en potenciar la actuación de Europol, la oficina de policía europea que colabora con las policías nacionales en la investigación del crimen organizado y el terrorismo. Hay, sin embargo, mucho camino por recorrer para que la UE alcance a «equiparar el grado de cooperación logrado por los criminales», como Brady denuncia en su informe.
