
Merece una seria reflexión que la negociación política con una banda terrorista a través de la presencia interpuesta de un partido -Batasuna- a su vez, ilegal y disuelto igualmente por terrorista, haya adquirido carta de naturaleza como referencia de futuro, ese futuro que el presidente del Gobierno atribuía a la foto de Zabaleta y Goirizelaia cuando no condenar la violencia terrorista volvía a ser irrelevante. En cualquier caso, Ibarretxe -que no tiene muchas más opciones- parece decidido a utilizar en su favor el impulso del contrario, en este caso la temeraria apuesta del Gobierno por una negociación política con ETA-Batasuna, no precedida sino en paralelo, cuando no por delante de avances que no se produjeron en el 'alto el fuego' etarra. Así lo reconocía el presidente del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Eguiguren, en unas recientes declaraciones en la que explicaba que la negociación con PNV y Batasuna se inició porque «aquellas reuniones podían abrir el proceso».
A esos acuerdos, que los hubo, entre PSE-PSOE, PNV y Batasuna se remitirá previsiblemente el lehendakari cuando en La Moncloa le digan que primero busque el consenso interno sobre sus planes y después vuelva para negociarlos. Sí, es verdad que el PP no estuvo en los 'acuerdos de Loyola' pero no es menos cierto que este argumento en boca de Rodríguez Zapatero es poco convincente teniendo en cuenta que la ausencia del PP no le ha disuadido -más bien le ha animado- a emprender caminos políticos no menos turbulentos que los que le propondrán el día 20. Recordar que esos acuerdos no llegaron a materializarse porque ETA los rechazó no hace más que agravar las cosas. Primero porque se agranda la posición de la banda terrorista no ya como interlocutor sino como fiscalizador último de la negociación; segundo, porque significa una confesión de parte de que aquello de que 'primero la paz y después la política' era lo que tantos sospechaban, una finta retórica sin contenido alguno para enmascarar un proceso sin reglas.
Tampoco ayuda alegar que esas negociaciones «sirvieron para que la izquierda abertzale comprobara que había voluntad en el Gobierno para acabar con la violencia por la vía del diálogo» (Jesús Eguiguren). Resulta ciertamente difícil de comprender que sea el Gobierno el que se situara en la posición de ser el que asumiera la carga de la prueba de sus intenciones frente a una izquierda abertzale cuyo papel e intenciones fueron -y probablemente todavía lo son- sobrevaloradas de una manera imprudente o interesada. Cuando Ibarretxe pregunta por qué el presidente del Gobierno se niega a negociar con él lo que aceptó negociar con ETA-Batasuna, recurre a una maldad dialéctica llena de oportunismo. Pero eso no quita para que al hacerlo el lehendakari apunte al armario donde se guarda un incómodo esqueleto.
Después de las elecciones municipales, que el Partido Socialista perdió, y de la formalización por parte de ETA de la ruptura del alto el fuego, Rodríguez Zapatero inició una hábil rectificación que ha sido esencial para su victoria en marzo. En esos meses previos a las elecciones generales consiguió que se dieran por archivadas su aciaga estrategia de negociación con ETA-Batasuna y la desnortada revisión del modelo territorial a través del nuevo Estatuto catalán. El silencio preelectoral en estos dos asuntos daba la sensación de haberlos engullido sin más consecuencias. Por otra parte, Rodríguez Zapatero adornaba su rectificación con la reiteración efusiva de 'España' en un discurso que incluye descalificaciones de grueso calibre contra los 'antipatriotas' que ponen en duda la doctrina gubernamental sobre la situación económica. Finalmente, el magnífico resultado de los socialistas en Cataluña y el País Vasco parecía sellar el éxito del presidente del Gobierno en su doble papel de pirómano y de bombero.
Las cosas parecen un poco más complicadas que ese complaciente relato. Ganar unas elecciones sirve para muchas cosas empezando por lo esencial que es gobernar, pero creer que ponen a cero el contador y cancelan las consecuencias de todo lo hecho anteriormente es una mera ilusión óptica que tarde o temprano se desvanece. La indulgencia plenaria no pertenece al ámbito de la política. Por ejemplo, se anticipa algo más que una polémica a cuenta de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica -si es que la hay- en la que tendrá que demostrarse que la revisión territorial impulsada en la anterior legislatura es viable en términos de cohesión, coste económico, igualdad y funcionamiento institucional. Y mientras en Cataluña repasan las cuentas para hacer valer los compromisos estatutarios y la bilateralidad en su relación con el Estado, el día 20 en La Moncloa Ibarretxe intentará abrir el armario de los esqueletos. El pasado reclama su sitio.











