El Correo Digital

La decisión del Departamento de Interior de expedientar a dos agentes de la Ertzaintza supondrá la primera ocasión en la que la consejería se compromete en público a investigar los incidentes registrados en la manipulación de explosivos por parte de la Policía vasca. Hasta el momento, el área que dirige Javier Balza no ha sancionado a ningún agente por incidentes similares en los últimos años, en los que incluso se han registrado heridos.

El estallido del material que trasladaban los ertzainas se produjo a las diez de la noche en un parking público de la localidad vizcaína de Barakaldo. Los agentes, pertenecientes a la Unidad Canina, estacionaron su furgoneta, dejaron un perro especialmente adiestrado en su interior y se fueron a cenar. En la guantera llevaban varias muestras de explosivo de las que utilizan de manera habitual para entrenar al animal. Por causas que se desconocen, el material se activó causando lesiones al animal. Además, dañó a otros seis vehículos aparcados en el recinto. El alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodríguez, señaló ayer que la reparación de los desperfectos deberá ser asumida por el Departamento de Interior. El regidor del PSE mostró su convencimiento de que la consejería, «tomará medidas para que estos incidentes no se vuelvan a producir».

Según la versión oficial, el estallido pudo deberse a «la explosión accidental» de una muestra de pólvora que llevaban los dos agentes. Interior no ha precisado qué otras sustancias portaban en el vehículo. Sin embargo, fuentes de la Ertzaintza han señalado que los policías contaban en el coche con cloratita y amonitol, dos de los explosivos que en la actualidad fabrica ETA. La consejería aseguró que los miembros de la Unidad Canina contaban «con los conocimientos y la titulación necesarios para la manipulación y el transporte de esas cantidades» de material. Según las mismas fuentes, el expediente disciplinario se centrará en averiguar por qué la furgoneta estaba aparcada en un lugar público.

El primer incidente grave de este tipo se produjo el 25 de julio de 1997, cuando se desató un incendio en uno de los almacenes de explosivos de la Ertzaintza situado en la base de la Brigada Móvil. El fuego en un local repleto de material para fabricar explosivos, así como de restos de obuses de la Guerra Civil, obligó a desalojar la sede de la Ertzaintza y a establecer un cordón de seguridad de 750 metros. En esa ocasión no se registraron heridos, aunque los daños fueron graves. Ningún mando fue expedientado. Según aseguró entonces la consejería, el accidente se debió a «una acumulación de gases».

El segundo suceso, éste ya de máxima gravedad, tuvo lugar en agosto de 2003, causó lesiones de gravedad a dos agentes de la Policía autónoma y daños valorados en más de un millón de euros. La explosión terminó en los tribunales, ya que uno de los afectados denunció a un mando por las heridas sufridas. La judicialización del caso permitió conocer un informe de la Guardia Civil que desvelaba graves deficiencias de la Policía vasca tanto en el manejo como en la conservación de explosivos.

El estallido había tenido su origen en una bomba de ETA con 15 kilos de cloratita desactivada por la Ertzaintza en Bilbao el 1 de julio de 2003. Los artificieros de la Policía autónoma llevaron el mecanismo a la base de Berroci, situada en los montes de Vitoria, pero cuando iban a proceder a detonarlo para destruirlo vieron que la campa donde pensaban hacerlo estaba ocupada. Entonces decidieron guardarlo en un pequeño polvorín y destruirlo otro día.

Heridas graves

Ninguno de los mandos de la Er-tzaintza se acordó del explosivo y el 23 de julio, a las tres menos veinte de la madrugada, los polvorines de la base saltaron por los aires. Un agente, situado a más de medio kilometro del lugar, resultó alcanzado por un cascote de cemento que le provocó heridas graves.

La Guardia Civil, cuerpo que por ley es el encargado de la custodia de explosivos, se enteró del incidente por los medios de comunicación y solicitó realizar una inspección de la base. La investigación reveló graves deficiencias en el almacenamiento de este material. Los polvorines tenían permiso para guardar cinco kilos de material, pero en el momento de la detonación se almacenaban allí 30 kilos de cloratita procedente de incautaciones a ETA, decenas de obuses de la Guerra Civil, granadas Mecar de grueso calibre, y una cantidad que nunca se pudo determinar de explosivo industrial.

Los miembros del instituto armado pidieron entonces los libros de entrada y salida de material, a lo que la consejería dirigida por Javier Balza respondió que «no se llevaba ningún tipo de control». Paradójicamente, ese mismo año el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco había anulado el nombramiento del hasta entonces 'número dos' de los artificieros de la Ertzaintza ya que se le había otorgado el puesto pese a que carecía de la titulación de desactivador.

El último altercado se contabilizó en noviembre pasado cuando un agente perdió varios dedos de una mano al manipular una bomba que no hizo explosión en el atentado contra los juzgados de Getxo. El mecanismo sí se activó al analizarlo en la base de Iurreta.