La protección a las víctimas de violencia doméstica y de género que realizan en La Rioja los policías locales está llevando a que se vean desbordados en el desempeño de sus servicios ordinarios, unido también a que se ven obligados a asumir competencias «impropias», según el director general de Justicia e Interior, Miguel Sáinz, «que en los últimos años se están deslizando de la Guardia Civil o la Policía Nacional a la Policía Local». Se refería al control de la inmigración y del menudeo de drogas en centros escolares y de ocio y en plazas y parques públicos; y a la instrucción de denuncias por faltas o delitos menos graves.
Existe un protocolo de actuación para que policías locales colaboren con Guardia Civil y Policía Nacional en casos de violencia de género, «pero hay municipios que no han firmado ese convenio específico, como Arnedo, que también colaboran», dijo Sáinz. Otros ayuntamientos riojanos sí han suscrito el convenio, caso de Haro, pero los agentes asumen labores «por encima de sus competencias».
De hecho, Roberto Varona, presidente de la Federación Riojana de Municipios, aseguró que el desarrollo de esa protección «va en menoscabo de sus funciones» como policías locales, «que deben incrementar su jornada laboral» y hacer horas extras para colaborar con otros cuerpos.
Por ello, el Gobierno regional reclama al Ministerio del Interior que proporcione una formación especial para los agentes que atienden a víctimas de malos tratos. También pide medios técnicos, legales y económicos, para que el Gobierno central asuma el coste de las horas extras que pagan los ayuntamientos.
El director de Justicia e Interior también reclama para los policías municipales información «sobre las víctimas y la evolución de medidas de protección y alejamiento» porque por errores de comunicación se ha podido detener «ilegalmente a personas».
Más guardias civiles
La Rioja cuenta con alrededor de 400 policías locales, «un caudal humano que no se puede desaprovechar». Sáinz destacó que los consistorios han respondido al «progresivo e imparable incremento de la peligrosidad, la delincuencia y la conflictividad con el aumento de plantillas». Pero criticó que desde Interior no se haya actuado de la misma manera y aseguró que es necesario dotar de más efectivos a la Guardia Civil en Rioja Baja y Rioja Alta, «el talón de Aquiles de la seguridad» en la región.
Los municipios con Policía Local reciben una media, según los cálculos del director de Justicia, de entre 20 y 40 órdenes de protección al mes, «con lo que los policías locales atienden la mitad, 15 ó 20».
Sáinz, por último, reclamó a José Antonio Ulecia que convoque el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana.