Los sindicatos CC OO y UGT están abiertos a estudiar una reforma laboral que modernice y adapte el mercado a las nuevas necesidades de la economía. Pero antes de que lleguen los cambios, tienen que darse dos premisas, que la negociación colectiva de 2009 esté definitivamente cerrada y que las modificaciones no conlleven recortes en los derechos de los trabajadores. Así al menos lo expusieron ayer los secretarios generales de ambas centrales, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente. El anuncio se produce 24 horas después de que responsables de los dos sindicatos y de las patronales CEOE y CEPYME dieran por cerrada una declaración conjunta que, esperan, resuelva las discrepancias surgidas en las mesas de negociación de los convenios del presente ejercicio.
A lo largo de las últimas semanas se han escuchado demandas para estudiar una reforma laboral desde distintos ámbitos. Las variaciones comentadas distan de la reivindicada con insistencia por la patronal CEOE, que plantea sobre todo el establecimiento de un nuevo contrato con despido más barato, la simplificación de los trámites de las rupturas colectivas y una rebaja de las cotizaciones sociales.
Entre los miembros del Gobierno que abogan por los cambios figuran el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, por la elevada temporalidad del mercado, y el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, partidario de que las condiciones laborales de las grandes empresas sean distintas a las de las pequeñas.
«Flexibilidad interna»
Toxo y Méndez se habían sumado en varias ocasiones a esas voces, aunque ayer lo hicieron con mayor claridad. Ambos opinan que puede abordarse la reforma de la jornada, del horario, la actuación ante los picos de aumento de la productividad... Para ellos se trata, en definitiva, de acordar una mayor «flexibilidad interna» en los centros de trabajo, puesto que la entrada y la salida del mercado laboral no son rígidas, como prueba la cantidad de contratos que se suscriben cada mes con fecha de caducidad y el volumen de despidos registrados.
Una vez concluida la negociación colectiva correspondiente a 2009, los líderes de ambas centrales ofrecerán públicamente a CEOE y CEPYME un acuerdo trianual, 2010-2012, para los convenios de esos años, propuesta que en principio las patronales no descartan. El pacto, de firmarse, sería una especie de guía similar a los suscritos en años anteriores. Las bases de este todavía hipotético acuerdo girarían sobre el mantenimiento del empleo y la mejora de su calidad, con la erradicación de la temporalidad abusiva e injustificada; sobre avances en el poder adquisitivo de los trabajadores; y sobre la redistribución de los beneficios de las compañías.
La subida salarial barajada oscilaría entre el 1% y el 2%, siempre con cláusulas de revisión que garanticen un aumento determinado sea cual sea el comportamiento definitivo de los precios. Los porcentajes obedecen al 1% que figura en los Presupuestos de 2010 para la subida general de las pensiones y al 2% que siempre recomienda el Banco Central Europeo como previsión de inflación.
Salarios de directivos
Para Toxo y Méndez es imprescindible que las empresas reinviertan parte de sus ganancias en conseguir un mercado laboral de más calidad y unas sociedades más competitivas, necesarias para el nuevo modelo productivo que busca el país. Además, aunque «no se puede poner puertas al campo», abogaron por que las compañías contengan los salarios del personal de alta dirección y de los miembros de los consejos de administración. Asimismo, consideran que hasta que termine la recesión las empresas tendrían que «congelar» el reparto de beneficios entre sus accionistas.
Igualmente, Toxo y Méndez defendieron la conveniencia de aplicar subidas adicionales a los salarios más bajos y establecer remuneraciones mínimas sectoriales. Y tampoco mostraron inconveniente en que los convenios recojan cláusulas de descuelgue, que permitan a las empresas con dificultad adaptar los salarios de sus trabajadores a las circunstancias.
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