L a revelación ayer de la agresión sufrida en Socuéllamos (Ciudad Real) por una mujer embarazada de origen marroquí a manos de dos personas de la misma procedencia, quienes la habrían golpeado supuestamente por no llevar el velo islámico, no puede producir otra cosa que indignación, por todo lo que conlleva. Y junto a ello, sorpresa por los días transcurridos desde que se cometieron los hechos descritos -el pasado 14 de octubre-, sobre todo teniendo en cuenta que la víctima denunció la paliza y la celeridad con que se conocen ya, por fortuna, los casos de violencia contra las mujeres.
La sordina que ha rodeado esta agresión, tras la que la afectada sufrió un aborto -aunque el médico forense no ha acreditado que fuera consecuencia de los golpes recibidos-, subraya sus oprobiosas circunstancias. Porque no estaríamos sólo, con la gravedad que ello comporta de por sí, ante un abuso extremo e intolerable contra una mujer por el hecho de serlo. Si las diligencias judiciales confirman que el motivo fue que la víctima no iba cubierta con el velo musulmán -una prenda que ella misma dice utilizar cuando le apetece hacerlo-, el estallido de intolerancia rebasaría los límites de la violencia sexista para adentrarse en una feroz intransigencia hacia las creencias personales y la forma de manifestarlas; una intransigencia que no puede admitir una sociedad democrática como la nuestra. El hecho de que uno de los dos detenidos sea también mujer supone una razón, y no menor, para la turbación y la inquietud.
La violencia aislada nunca puede ser argumento para estigmatizar a un colectivo. Pero incidentes como éste no sólo exigen una respuesta sin ambages por parte de la propia población musulmana. Instan a detectar aquellas imposiciones contrarias a los derechos individuales y las libertades colectivas que se camuflan bajo la aceptación normalizada de símbolos o expresiones, como el uso del velo, distintos a los que nos son más propios.
