Cualquier llamada por teléfono pone a Lourdes Cuenca en alerta. Al otro lado del aparato puede encontrarse un amigo o un familiar, pero también su abogada a punto de darle la mala noticia. «Vivo con la presión continua de que me van a quitar la invalidez», confiesa esta mujer de 44 años. Sus ojos llorosos reflejan su temor por la llegada de ese momento y también el tiempo que lleva luchando contra la fibromialgia, motivo por el que hace siete meses el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) le concedió «una incapacidad permanente total para su profesión habitual de limpiadora» tras más de un lustro de negativas por parte de diferentes organismos.
La enfermedad le acompaña desde hace una década, cuando tuvo que abandonar las labores de limpieza que desempeñaba en una empresa aeronáutica, pero los dolores se han multiplicado en todo ese tiempo. «Algunas mañanas vuelvo a casa después de dejar a mi hijo en el colegio y tengo que meterme en la cama porque no puedo más», lamenta. Lourdes sabe que ya no está «capacitada para llevar la misma vida de antes» y pelea para que las instituciones lo comprendan. Su particular batalla comenzó siete años atrás, cuando solicitó por primera vez la incapacidad ante el Instituto Nacional de Seguridad Social y le fue denegada. La negativa se repitió «unas cuantas veces más», la última el pasado febrero.
Recurso ante el TSJPV
Lourdes decidió seguir adelante con el proceso y llegó hasta el TSJPV mediante recurso de suplicación. El tribunal, tras valorar las «deficiencias y limitaciones» que sufre esta mujer, como hernia discal, síndrome fibromiálgico, fatiga crónica o trastorno depresivo, entre otras, le concedió en marzo una «incapacidad permanente total» para su trabajo de limpiadora. Pero «la UMEVI -la unidad médica encargada de dictar los informes de invalidez, dependiente de la Seguridad Social- no para de pedirme información y hacerme pruebas desde verano. Me respondieron que los jueces también se equivocan», recuerda.
El tratamiento al que se somete desde hace años, a base de antidepresivos y «parches de morfina», cree que es prueba suficiente de que no se encuentra bien. La pensión de «500 euros» que le ha quedado tampoco contribuye a mejorar su ánimo. «Si ahora me mandan volver a trabajar, me van a pedir el 100% y yo no puedo darlo», admite mientras se enfrenta a una nueva jornada cargada de «preocupación».
