El consenso forzado entre las 'familias' del PP ha abierto la puerta a que Rodrigo Rato acceda a la presidencia de Caja Madrid en el año más crítico para el sistema financiero español. Quedan flecos, porque aún falta el acuerdo de otras representaciones todavía fraccionadas -CC OO y su agrupación bancaria-, pero puede ser cuestión de semanas que los pactos se cierren, los recursos judiciales se retiren, y el proceso electoral que conducirá al relevo de Miguel Blesa se reemprenda.
El ex vicepresidente del Gobierno, que abandonó el Fondo Monetario Internacional a medio mandato -en junio de 2007- alegando razones «personales y familiares», se ha postulado al cargo de Caja Madrid tal vez por juzgar poco apasionantes las funciones que desempeña en Lazard -dedicada a la banca de negocios en plena sequía-, el asesoramiento del Grupo Santander y el puesto en la comisión ejecutiva de Criteria, la corporación que aglutina las participaciones de La Caixa.
Un retorno esperado
Rato se sirve de Caja Madrid, la cuarta entidad financiera española, para volver a la 'vida pública'. Tiene 60 años y, siendo un político de raza, sufrió el descarte de José María Aznar, que prefirió optar por Mariano Rajoy como líder del PP, dejándole al margen en la que fue la gran aspiración de su vida, la carrera por la presidencia del Gobierno. Había atesorado un gran prestigio en la vicepresidencia económica del Gobierno porque, navegando con viento de cola, lideró la «década prodigiosa» de la economía española, marcada por la expansión económica, una fuerte creación de empleo y el superávit presupuestario.
Pero Rato llegará a Caja Madrid en los momentos más delicados, con un 2010 en puertas que será realmente complicado para el sector. Morosidad creciente y negocio menguante ya están tensando las cuentas de las entidades de crédito, obligadas a revisar a la baja el precio que cobran por el dinero al cliente minorista y que pronto se van a encontrar con el cierre del grifo de la liquidez que ahora suministra el Banco Central Europeo.
Con márgenes de negocio nacional cada vez más estrechos, lo pasarán peor las cajas de ahorro, que no tienen actividad internacional significativa -los países emergentes han sufrido mucho menos los embates de la recesión-. Pronto llegarán los nuevos requerimientos internacionales de solvencia planteados por el G20 y el Foro de Estabilidad Financiera y, al igual que el resto de cajas, la madrileña tiene dificultades para reforzar el capital, puesto que no cuenta con accionistas. Como no puede quedarse parada, acaba de colocar en los mercados una emisión de 1.000 millones de cédulas hipotecarias a cinco años.
Estrategia
Caja Madrid ha conseguido preservar la actividad del día a día de la tormentosa batalla que se producía en torno a su cúpula.
«Los clientes preguntan por lo suyo, es decir, por su hipoteca o su letra, y no por los detalles de la lucha por el poder», repetían fuentes de la caja en la presentación de los informes trimestrales de cuentas.
Pero la entidad madrileña -no podía ser de otro modo- ha sufrido una parálisis en su acción estratégica. Y la crisis no le ha dejado precisamente indemne. Primero se resintió de los impactos del hundimiento de grandes promotores de inmuebles y luego le alcanzó el efecto de los impagos de muchos clientes de rentas bajas que no han podido hacer frente a sus deudas. La gestión de Blesa le preservó, no obstante, de otros potenciales 'agujeros' al resistirse a apoyar financieramente a la televisión autonómica en la puja por el fútbol y proyectos regionales de marcado tinte político.
A 30 de septiembre, la tasa de morosidad de la caja estaba en el 5,38% y la cobertura en el 43,2%. Ambos porcentajes alcanzaron el nivel más conflictivo el pasado marzo y desde entonces han mejorado levemente, al diluirse el impacto de las grandes suspensiones de pagos. Y el capital básico, pese a los aumentos de los últimos meses, todavía está en el 6,89%, frente al 7,41% de un año antes. El Banco de España, en su último informe de estabilidad, vuelve a insistir en la necesidad de reconducir estos parámetros. Las fronteras del 40% en coberturas y del 8% en el coeficiente de capital, marcarían las 'líneas rojas' a no traspasar.
