L as negociaciones entre la patronal y los sindicatos para tratar de cerrar un acuerdo sobre los convenios colectivos han reanimado, en paralelo, las expectativas sobre una posible recuperación del diálogo social -si se alcanzara ese primer pacto- y también el debate sobre la reforma del mercado laboral. Este último parece fluctuar en estos momentos entre las demandas de quienes creen que un cambio sólo será efectivo si es verdaderamente integral y quienes parecen apostar por soluciones más puntuales, sin mermar en ningún caso los derechos consolidados de los trabajadores, ante un reajuste tan pronunciado en las plantillas como el que está forzando la crisis. La indefinición que sigue marcando las manifestaciones del Gobierno al respecto, tras haberse negado genéricamente a cualquier actuación que implique un abaratamiento del despido, no ayuda a clarificar en qué términos podría promoverse la reforma de un marco laboral cuyas carencias no se contrarrestaron en la etapa de bonanza y que ahora han quedado crudamente al descubierto con la llegada de la recesión. En cualquier caso, la ambición de trocar el actual patrón de crecimiento por otro más productivo exige necesariamente una reforma del mercado de trabajo que no sólo permita acelerar ese objetivo de fondo.
Dado que la crisis, aun cuando se haya extendido al conjunto de la actividad, no está ejerciendo los mismos efectos sobre todos los sectores, empresas y plantillas, las eventuales modificaciones en las condiciones de trabajo deberían anticiparse también a unos desequilibrios que podrían agudizarse cuando nos adentremos en la fase de recuperación. El profundo bache económico ha evidenciado tanto que la briosa creación de empleo en los años buenos no estaba fundamentada en bases sólidas y duraderas, como que nuestro mercado laboral -más allá incluso de las fórmulas de contratación y despido- arrastra rigideces y peculiaridades que entorpecen su adecuación en períodos de especial dificultad. El actual empuja hacia una reforma, o reformas, ineludibles, que deberían contemplar una simplificación de los tipos de contratación y una mayor flexibilidad dentro de cada sector y de cada empresa que permita conciliar mejor los intereses en juego.
