El Gobierno central y la Audiencia Nacional aseguraban el viernes que la extradición de los piratas a Kenia «no es negociable», pero ayer, el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, replicó que existen «algunos resquicios legales» que permitirían trasladar a África a los dos somalíes encarcelados en España y facilitar así la negociación del rescate de los 36 tripulantes del 'Alakrana'. «En un Estado de Derecho es muy difícil aceptar que los piratas puedan quedar libres. Tienen que ser juzgados. Otra cosa es que haya alguna posibilidad de trasladarlos para ello a un país africano», puntualizó.
Como ya señaló el lehendakari, Patxi López, la noche del jueves, el titular de Interior reconoció que la maniobra legal «es complicada», pero insistió en que «ése puede ser el camino y ya hemos pedido, como Gobierno, que los órganos judiciales competentes, con el más escrupuloso respeto a la legalidad, estudien si es posible hacer algún movimiento con los dos piratas que en estos momentos están en Madrid». Ares invitó a la Audiencia Nacional a tomar en consideración la extradición «si, como parece, facilitaría el final de esta situación», aunque recordó que la mayoría de los expertos piensan que el ultimátum lanzado por los secuestradores «es una forma de presión más y que, en el fondo, lo que se está pretendiendo es avanzar en una negociación económica más exigente».
El consejero, integrante de la mesa de crisis formada por Lakua tras el secuestro del 'Alakrana', también vincula la devolución al barco de los tres marineros conducidos a tierra el pasado jueves a una táctica negociadora. «Ha sido una buena noticia -valoró- pero puede responder a una maniobra de los clanes de los piratas. Operaron de forma similar en casos como el secuestro del barco alemán. También hubo rehenes que se movieron a tierra, después volvieron al barco y, al final, se resolvió con dinero».
Ares recordó también que, en los casos precedentes, «no se ha puesto en riesgo la integridad física de los secuestrados», por lo que apuesta por «mantener la tranquilidad, dentro de lo dramática y difícil que es la situación». Lanzó «un mensaje de esperanza» a los familiares «porque estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que los secuestrados puedan volver lo antes posible a sus casas».
Precisamente ése era ayer el clamor en Bermeo, durante la concentración convocada por los familiares de los tripulantes del 'Alakrana', que recibió el respaldo de una amplia representación del arco político vasco. Tras semanas de disputas y encontronazos, los responsables de las distintas formaciones escenificaron su unidad y pidieron que se busque algún mecanismo legal para extraditar a los piratas.
Entre la nutrida presencia política figuraban la consejera de Pesca del Gobierno vasco, Pilar Unzalu, y la portavoz y consejera de Justicia. Idoia Mendia justificó en esta ocasión la presencia del Ejecutivo porque «a diferencia de la primera concentración, que estuvo convocada por los ayuntamientos, ésta ha sido realizada por las mujeres y familias de los marineros a los que siempre apoyaremos».
La delegación socialista estuvo encabezada por los secretarios de organización del PSE en Euskadi y en Vizcaya, Alfonso Gil e Iñaki Egaña, quienes se mostraron convencidos de que, con la unidad, «acabaremos trayendo a los tripulantes a casa». En similares términos se pronunció la presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga, quien recalcó la necesidad de que «los políticos atiendan la petición de unidad que les hacen los familiares de los marineros. Creo que es el momento de poner todos los instrumentos encima de la mesa».
Angustia y desesperación
Quiroga, acompañada por el presidente del PP de Vizcaya, Antón Damborenea, incidió en la dignidad de las familias e instó al Gobierno a que cuide las comunicaciones para evitar «situaciones de angustia y desesperación como las vividas cuando tuvieron que enterarse por los secuestrados de que tres de ellos habían sido desembarcados».
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, presidió la representación jeltzale, integrada por el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao; la diputada de Cultura, Josune Ariztondo; el presidente del BBB, Andoni Ortuzar; el portavoz en el Congreso, Josu Erkoreka, y varios concejales bilbaínos, entre otros. Urkullu pidió al Gobierno y a la Audiencia Nacional «que se dejen de falsos orgullos y vanidades y hagan lo que esté en su mano para que los marineros sean liberados cuanto antes».
El secretario general de EA, Peio Urizar, el coordinador de EB, Mikel Arana, el vicecoordinador de Aralar, Jon Abril, y los alcaldes de los municipios de los marineros secuestrados completaron la representación política. Xabier Legarreta, alcalde de Bermeo, aseguró que la situación en el pueblo es «inaguantable». «Nos ha superado y es hora de que termine». Jon Abril pidió que el Gobierno «utilice todas las vías diplomáticas y judiciales» y Arana reclamó a Zapatero que «cambie su actitud hacia las familias». EA le exigió «que deje su inoperancia».
