En el documento, leído hoy en Lehendakaritza en castellano por el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, y en euskera por la portavoz Miren Azkarate, el Ejecutivo de Ibarretxe precisa que su crítica no compromete al conjunto de los profesionales de Justicia, a los que reconoce su "anónima pero eficaz labor" y dice que "ha defendido, defiende y defenderá siempre" a la Administración de Justicia como "poder necesario e imprescindible".
Advierte sin embargo, de que hay "una minoría de asuntos muy significativos" que suponen que la vida política y social vasca "viva una convulsión permanente y sostenida como consecuencia de determinadas decisiones judiciales, que afectan a pilares básicos de la de la división de poderes" o "limitan de forma drástica espacios legítimos de libertad de cualquier sociedad civilizada y democrática".
El Ejecutivo vasco se muestra convencido de que "el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales no implica silencio y cobertura incondicional de su contenido". Por ello, cree una obligación "la sana crítica" en defensa de las libertades "ante decisiones formalmente legales, que son susceptibles de vaciar y socavar el ejercicio de derechos fundamentales".
El Gabinete de Ibarretxe critica además que "son en este momento cientos los ciudadanos vascos" que están incursos en procedimientos judiciales por la Ley de Partidos", que considera ha supuesto "una nueva forma de legislar, interpretar y aplicar las leyes". En este sentido, sostiene que la Ley de Partidos ha "condenado a una parte muy significativa" de la ciudadanía vasca a la "invisibilidad política" y considera que un cambio "tan trascendental de las reglas del juego" debía haber contado con el consenso de las fuerzas mayoritarias en lugar de dejar en manos de los jueces su aplicación "sin prever exactamente las consecuencias".
"Desbordamiento de los límites"
Así, sostiene que el conjunto de procedimientos que rodean al denominado sumario 18/98 "visualizan una forma nueva de entender qué es terrorismo". "El desbordamiento de los límites se ha hecho patente hasta el punto de poner bajo sospecha a la representación parlamentaria máxima de nuestra comunidad y al propio lehendakari", critica.
Advierte de que con la Ley de Partidos "no sólo se involucró en la maraña judicial" a organizaciones de la denominada izquierda abertzale, sino que el propio Parlamento vasco, con su presidente a la cabeza, "tuvieron que enfrentarse a la duda de su connivencia con el terrorismo e, incluso, sentarse en el banquillo de los acusados, viéndose el normal discurrir institucional parlamentario convulsionado durante un interminable -y aún no concluso- período de tiempo por intervenciones judiciales".
El Gobierno vasco censura que "nadie sabe ya hasta donde se extienden las prohibiciones penales" y critica que los delitos de amenazas como muestra "el dramatismo del caso De Juana", la apología del terrorismo, los delitos de colaboración con banda armada, los delitos incluso de pertenencia a banda armada "se van progresivamente haciendo más y más extensos". A su juicio, el ejemplo "dramático y visible" es la clausura de medios de comunicación.
"Demasiados casos"
En su opinión, "son demasiados los casos" como para exigir el silencio y el respeto "cuando se procesa incluso al propio lehendakari por un presunto delito de desobediencia". De este modo, recuerda que durante el Gobierno de Aznar ya planeó la sombra del encausamiento penal con una ley para prohibir la celebración de referendums y que ahora se pretende "sembrar la sospecha de que el propio lehendakari de todos los vascos comete un delito por reunirse para dialogar y reconducir problemas de normalización política".
"La lealtad con el Estado de Derecho no supone aceptar cualquier tipo de decisión judicial, sin derecho a crítica", sostiene. Por ello, considera necesario "alzar la voz" antes de que "siga creciendo la bola de nieve" y explica que la declaración institucional es "una defensa leal de la división de poderes, de la taxatividad de los límites en la administración de justicia, de reivindicación de los derechos fundamentales, de reconducción hacia la normalidad democrática".
Asimismo, señala que las leyes y su interpretación no pueden dar por resultado un "repetido escándalo con decisiones incomprensibles" y en "línea directa de deslegitimación de sus máximos representantes institucionales". A su juicio, las leyes deben generar "seguridad jurídica y claridad de expectativas para que todos disfrutemos de los derechos fundamentales al margen de nuestra ideología y color político".
