El Gobierno y ETA negociaron en julio de 2005 los términos en que debía producirse el anuncio de la tregua de la organización terrorista y la declaración que el presidente Zapatero realizó el 29 de junio del pasado año anunciando el inicio de las conversaciones con la banda, según informa el diario "Gara" en su edición de hoy.
Representantes del Ejecutivo y de ETA se dieron cita en julio de 2005 y mantuvieron una docena de reuniones consecutivas en las que suscribieron unos acuerdos que incluían que la tregua tendría un carácter "permanente", así como el contenido del mensaje que el presidente debería hacer público como respuesta oficial al alto el fuego de la banda. Aunque el diario abertzale no indica dónde se produjeron esos contactos, otros medios han señalado que la reunión de julio de 2005 tuvo lugar en Oslo (Noruega). El encuentro se desarrolló bajo la mediación de una organización internacional.
En los prolegómenos de las negociaciones de Oslo, el Gobierno, según "Gara", admitió que tanto el diálogo de Argel, en 1989, como el de Zurich, en 1999, "habían nacido muertos a nivel teórico y de metodología". El núcleo del debate de la cita de Noruega, que se desarrolló en una docena de reuniones de entre dos y tres horas cada una, consistió en determinar el alcance del "alto el fuego" de ETA y la respuesta que debería dar el presidente del Gobierno.
Los representantes del Ejecutivo dedicaron gran parte de su esfuerzo a conseguir que la declaración de ETA dijera que el alto el fuego sería "permanente" y "apuntara a un horizonte final de cese de la lucha armada". ETA vinculó esta opción al "cumplimiento efectivo del compromiso de respeto a la palabra de Euskal Herria y la posibilidad de materialización de todas las opciones".
En la reunión se acordó que la declaración de ETA se hiciera no sólo en euskera, sino también en castellano, aunque el contenido exacto del mensaje quedaba en manos de la banda.
Además, fue objeto de debate la declaración con la que Zapatero debería responder a la iniciativa de ETA . A esta cuestión se dedicaron siete de las reuniones. ETA presentó un primer borrador, el Gobierno otro, después ambos elaboraron textos intermedios antes de acordar uno definitivo que fue ratificado en otra reunión celebrada en noviembre de 2005. Este texto fue, básicamente, el que constituyó el núcleo de la declaración realizada por José Luis Rodríguez Zapatero el 29 de junio de 2006, en respuesta a la tregua, aunque el presidente añadió algunos extremos que luego fueron duramente criticados por la organización terrorista.
La declaración incluía el respeto del Gobierno español hacia "las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos, los derechos y libertades de los ciudadanos y en ausencia de todo tipo de violencia y coacción". El añadido del presidente hacía referencia al mantenimiento de la Ley de Partidos y al compromiso con los principios y reglas de la Constitución de 1978.
La dirección de Batasuna hizo una valoración muy positiva de la declaración del 29 de junio, pero en noviembre, ETA formuló duras críticas contra lo dicho por el presidente del Gobierno.
En la reunión de Oslo, los enviados del Gobierno y de ETA pactaron unos documentos "anexos" que contenían aclaraciones sobre los conceptos utilizados. Uno de estos anexos señalaba que los acuerdos de la mesa de partidos serían "los concernientes al futuro de los ciudadanos de Alava , Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, constatando la existencia de dos comunidades autónomas y teniendo en cuenta dichos marcos institucionales para su puesta en práctica".
Además, ambas partes establecieron lo que llamaron "garantías", Según "Gara", el Gobierno se comprometió a una "disminución palpable" de la presencia policial, a la desaparición de las "presiones policiales" relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale. También se acordó "aceptar de facto" las actividades políticas de Batasuna a pesar de su ilegalización. El periódico sostiene que el Gobierno admitió "no realizar detenciones por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad francesas". Estas medidas debían aplicarse en el plazo de siete a diez días después de la tregua.
ETA se comprometió a que el alto el fuego consistía en no realizar atentados contra personas, incluido el envío de cartas de extorsión, ni contra bienes de propiedad pública o privada. También aceptaba "no realizar acciones de abastecimiento de armas y explosivos o material para su fabricación".
Además, dentro de las "garantías" existía un compromiso del Gobierno para buscar un pacto de Estado que asegurara el futuro del acuerdo y que no quedara cuestionado si cambiaba el partido en el poder. Esta condición llevó a establecer un plazo de seis meses para el que el presidente hiciera su declaración de respuesta a la tregua de ETA , para que tuviera tiempo de materializar ese pacto de Estado. "Del contenido de las reuniones se desprende que el Gobierno del PSOE en ningún momento cuestionó la necesidad de ese pacto de Estado ni afirmó que fuera irrealizable, aunque sí cito que entrañaba 'grandes dificultades", añade "Gara".
Los acuerdos incluían mecanismos para la gestión de lo que se denomina "accidentes". En las reuniones, ETA advirtió que "si se incumplen las garantías" el alto el fuego se rompería. El periódico dice que la representación del Gobierno "aceptó como lógico" este aviso.
El acta de los acuerdos quedó en manos de la organización internacional encargada de la mediación.
