
La construcción de los edificios ha costado 29 millones de euros al Ejecutivo autónomo y ha resultado problemática. A los agraciados en el sorteo de los inmuebles en mayo de 2003 les dijeron que podrían entrar a vivir a mediados de 2005. «Tuvimos problemas con la cimentación y con el traslado de varias líneas de alta tensión», se justificaba entre silbidos Madrazo.
La última demora, sin embargo, también implicó al Ayuntamiento. El área de Urbanismo se negaba a dar el visto bueno a la urbanización porque el transformador que da energía a las casas se ha construido sobre suelo público. Debía haberse habilitado en terreno privado. Tras dos meses de tiranteces, la institución local aceptó su actual ubicación con el compromiso del Gobierno vasco de asumir el coste de su traslado si un día fuera necesario.
171 euros de media
Los pisos tienen entre 48 y 85 metros cuadrados de superficie y la renta media a pagar por los inquilinos, que se determina por su nivel de ingresos, se sitúa en 171,53 euros. Los contratos se revisarán cada 5 años o cuando cambie sustancialmente la situación del arrendatario. Todas las viviendas cuentan con garaje y trastero, y la urbanización incorpora zonas ajardinadas particulares.
El consejero de Vivienda explicó que la gestión de estos bloques correrá a cargo de Alokabide, la sociedad pública operadora de alquiler del Gobierno vasco. En la actualidad este organismo trabaja con más de 5.000 viviendas afectadas por algún régimen de renta protegido, «y en los próximos años el objetivo es que asuma todo el parque de alquiler de Euskadi».
El alcalde de la localidad, Mikel Cabieces, mostró su satisfacción por la entrega de los 237 inmuebles, porque «dan una solución a muchas familias que, por diversas razones, no pueden acceder a los precios que exige el mercado inmobiliario». El regidor puntualizó que el Ayuntamiento ha colaborado en la promoción al renunciar al cobro del impuesto de construcciones, «1,4 millones».










