
Casi todas las localidades han adaptado ya sus normativas para ser «más sensibles» a la instalación de ascensores. Bilbao, Portugalete, Santurtzi... Los consistorios más importantes se suman poco a poco a esta tendencia. Mientras tanto, la institución baracaldesa es «la única que se niega a modificar sus normas urbanísticas». En los últimos años, la federación de discapacitados -que agrupa a las 18 principales asociaciones del colectivo- ha contabilizado en la ciudad al menos cinco comunidades de propietarios afectadas por el problema.
Los responsables municipales niegan, en cualquier caso, que se limiten a aplicar la normativa urbanística. Dicen que sus baremos son extensibles «a cualquier municipio» y se circunscriben al ámbito técnico. «A la hora de conceder licencias, se tienen en cuenta la reglamentación y los problemas de accesibilidad, pero también otras cuestiones técnicas. A veces es imposible poner un ascensor», matizó la edil de Disciplina Urbanística, Ana Belén Quijada. Ese es el criterio que el Consistorio sigue tras consultar expresamente al Ministerio de Fomento.
Existen casos de todos los colores. Las posibilidades de evacuación en caso de incendio es la clave para permitir un ascensor en el hueco de la escalera. Ocupar la vía pública es otra de las soluciones, pero en ocasiones «no es posible» al tener que invadir aceras demasiado estrechas. Otra opción pasa por aprovechar el patio interior del edificio. Cuando el elevador se quiere instalar en esa zona comunitaria, se tiene en cuenta «el espacio libre que se deja respecto a las ventanas». Ahí llegan los problemas. En Barakaldo, los ascensores no pueden tener ninguna ventana de cocinas o habitaciones -de baños sí- a cuatro metros a la redonda en los inmuebles antiguos.
Apoyo de la oposición
«Dan prioridad a la ventilación, la iluminación o las vistas frente a la accesibilidad», se quejan los discapacitados. Guillermo Treku, abogado del colectivo, ha intentado desbloquear el problema en varias ocasiones. Cree que la solución más sencilla consistiría en aprobar una modificación del PGOU, «priorizando la accesibilidad frente a otras consideraciones secundarias que no responden a las necesidades reales». Treku acaba de recabar el apoyo de los cuatro grupos municipales de la oposición: PNV, Partido Popular, ANV y Ezker Batua. El letrado echa en falta ahora el aliento de los socialistas, que gobiernan en minoría en el Consistorio de Barakaldo.
Para la concejala de Disciplina Urbanística, la Federación de Personas con Discapacidad «se equivoca» al pensar que la normativa es la única traba. Está convencida de que todo seguirá igual «al no existir una ley concreta de ascensores» y tener que basarse en cuestiones subjetivas para valorar cada caso. Por eso, no entiende la postura de las asociaciones y comunidades de vecinos afectadas. Ana Belén Quijada insiste además en el compromiso demostrado por el Ayuntamiento baracaldés con el colectivo, con pruebas deportivas para discapacitados y un plan de eliminación de barreras arquitéctonicas en la vía pública.










