«El equipo de gobierno tiene razones de sobra para actuar», se justificó Puente. La principal es el «historial» que recae sobre la joven, de sólo 17 años. Según aseguran los responsables de Alde Berri, en los últimos meses «ha cometido numerosos delitos». Pero, aunque ha sido denunciada en varias ocasiones, los procesos judiciales nunca han llegado a buen puerto. «Las víctimas siempre acaban retirando la acusación porque reciben amenazas», explicó la asociación.
La problemática familia reside desde hace trece años en un inmueble de la calle Los Baños. Sin embargo, la organización vecinal sospecha que incumple de forma reiterada el contrato de arrendamiento. «A veces -advirtieron- se han llegado a contabilizar hasta 20 personas viviendo en el piso al mismo tiempo». De ahí su exigencia a la Administración local para que «intervenga cuanto antes».
Convivencia «difícil»
Amenazas, agresiones, robos, insultos... La convivencia con varias familias «conflictivas» se antoja «cada vez más difícil». La situación ha sido trasmitida al Consistorio en repetidas ocasiones. La pasada legislatura se presentaron cuatro mociones para forzar la expulsión de los vecinos a los que se responsabiliza de los enfrentamientos. Pero el Ayuntamiento no llegó a actuar. «Creemos que por miedo y porque no le parece políticamente correcto», criticó el vicepresidente de la agrupación, Juan Carlos Medina.
En cualquier caso, Alde Berri se muestra esperanzada «ante la nueva etapa» iniciada con el cambio de gobierno. En esta línea, recordó a los dirigentes locales que, como paso previo a la remodelación urbana, «el barrio necesita una regeneración social». Para lograrlo, la asociación exigió un mayor control de los empadronamientos en la zona a fin de evitar «las ocupaciones ilegales de viviendas». Fuentes del equipo de gobierno, por su parte, recordaron que el alcalde, el socialista José Luis Marcos Merino, se comprometió en su toma de posesión a «actuar en contra de los residentes problemáticos».










