GENERAL
El Ararteko defiende consultas populares en planes de «impacto social» como la 'Y'
Advierte de la necesidad de que exista un «consenso previo amplio» respecto a la pregunta y se «respete la legalidad»
07.07.07 -
EN EJECUCIÓN. Obras del trazado ferroviario de alta velocidad a su paso por la localidad alavesa de Luko. / IOSU ONANDIA
El Ararteko, Íñigo Lamarca, se mostró ayer favorable a la celebración de «consultas populares» en relación a aquellos proyectos de infraestructuras a los que se supone un significado «impacto ambiental y social», entre los que citó la 'Y' ferroviaria vasca, el puerto de la Bahía de Pasajes o la incineradora de la comarca de San Sebastián. Lamarca condicionó su aval a estas consultas a la existencia de un «amplio consenso» acerca del ámbito del referéndum y remarcó que, en cualquier caso, este tipo de participación ciudadana es de carácter «consultivo» y «debe cumplir la ley».
El Defensor del Pueblo Vasco, presente en los cursos de verano de la UPV en la capital guipuzcoana, intervino así en el debate abierto acerca de la conveniencia de efectuar consultas populares en torno a planes de envergadura, como la nueva red ferroviaria, el proyecto de infraestructura más importante acometido en la historia de Euskadi. Lo hace en un momento en que la izquierda abertzale, contraria al plan impulsado por el Ministerio de Fomento y el Gobierno vasco, pretende articular una red de agrupaciones y municipios opositores a la conexión ferroviaria de alta velocidad y tratar de frenar su desarrollo. De hecho, diversas localidades feudo de la ilegalizada Batasuna han protagonizado ya intentos de consultas populares -como ocurrió en la población alavesa de Aramaio-, mientras que los nuevos alcaldes de ANV han anunciado su intención de convocar referendos de este tipo para «que se respete la voluntad popular» y se paralicen las obras, cuyo primer tramo ya está en fase de ejecución en Álava.
Lamarca participó durante la jornada de ayer en una conferencia en San Sebastián en la que se abordó la «participación ciudadana en las decisiones sobre infraestructuras de incidencia ambiental o con impacto social», un curso dirigido desde su propia oficina y la facultad de Derecho de la capital donostiarra.
Una «herramienta»
En un encuentro posterior con la Prensa y con un discurso menos académico, el Ararteko explicó su posición favorable a la utilización de «una herramienta» como las consulta popular para resolver la controversia en torno a proyectos «con un gran impacto social o ambiental», entre los que citó como ejemplos la 'Y' ferroviaria o la incineradora guipuzcoana, pero también otras actuaciones polémicas como «la implantación en un barrio de un centro de menores u otro recurso social de esta índole», explicó.
Lamarca fijó de inmediato las condiciones que, a su juicio, deben cumplir este tipo de consultas. De entrada, «tienen que ser respetuosas con la legalidad», dijo el Ararteko, tanto en lo que se refiere a la «administración que debe autorizar la consulta» como en «el procedimiento» marcado en los textos legales.
En segundo lugar, el Defensor del Pueblo Vasco destacó que hace falta «un amplio consenso previo» en torno a las características básicas de la consulta para evitar que una herramienta prevista para dirimir conflictos «pueda convertirse en lo contrario y enquistarlos aún más», apuntó. Entre estos aspectos, Lamarca considera que es «clave» pactar entre instituciones y opositores «la pregunta, el porcentaje de participación necesario para validar el proceso y el ámbito de aplicación», un extremo que juzgó «de gran importancia. ¿Dónde se debe preguntar en relación al tren de alta velocidad? ¿En un municipio, en Guipúzcoa, en Euskadi o también en España?», se cuestionó. «Todo eso debe quedar claro».
En todo caso, Lamarca recordó que las consultas «siempre son consultivas».
El Defensor del Pueblo Vasco, presente en los cursos de verano de la UPV en la capital guipuzcoana, intervino así en el debate abierto acerca de la conveniencia de efectuar consultas populares en torno a planes de envergadura, como la nueva red ferroviaria, el proyecto de infraestructura más importante acometido en la historia de Euskadi. Lo hace en un momento en que la izquierda abertzale, contraria al plan impulsado por el Ministerio de Fomento y el Gobierno vasco, pretende articular una red de agrupaciones y municipios opositores a la conexión ferroviaria de alta velocidad y tratar de frenar su desarrollo. De hecho, diversas localidades feudo de la ilegalizada Batasuna han protagonizado ya intentos de consultas populares -como ocurrió en la población alavesa de Aramaio-, mientras que los nuevos alcaldes de ANV han anunciado su intención de convocar referendos de este tipo para «que se respete la voluntad popular» y se paralicen las obras, cuyo primer tramo ya está en fase de ejecución en Álava.
Lamarca participó durante la jornada de ayer en una conferencia en San Sebastián en la que se abordó la «participación ciudadana en las decisiones sobre infraestructuras de incidencia ambiental o con impacto social», un curso dirigido desde su propia oficina y la facultad de Derecho de la capital donostiarra.
Una «herramienta»
En un encuentro posterior con la Prensa y con un discurso menos académico, el Ararteko explicó su posición favorable a la utilización de «una herramienta» como las consulta popular para resolver la controversia en torno a proyectos «con un gran impacto social o ambiental», entre los que citó como ejemplos la 'Y' ferroviaria o la incineradora guipuzcoana, pero también otras actuaciones polémicas como «la implantación en un barrio de un centro de menores u otro recurso social de esta índole», explicó.
Lamarca fijó de inmediato las condiciones que, a su juicio, deben cumplir este tipo de consultas. De entrada, «tienen que ser respetuosas con la legalidad», dijo el Ararteko, tanto en lo que se refiere a la «administración que debe autorizar la consulta» como en «el procedimiento» marcado en los textos legales.
En segundo lugar, el Defensor del Pueblo Vasco destacó que hace falta «un amplio consenso previo» en torno a las características básicas de la consulta para evitar que una herramienta prevista para dirimir conflictos «pueda convertirse en lo contrario y enquistarlos aún más», apuntó. Entre estos aspectos, Lamarca considera que es «clave» pactar entre instituciones y opositores «la pregunta, el porcentaje de participación necesario para validar el proceso y el ámbito de aplicación», un extremo que juzgó «de gran importancia. ¿Dónde se debe preguntar en relación al tren de alta velocidad? ¿En un municipio, en Guipúzcoa, en Euskadi o también en España?», se cuestionó. «Todo eso debe quedar claro».
En todo caso, Lamarca recordó que las consultas «siempre son consultivas».
