
La red, que disponía de una amplía infraestructura tanto en Colombia como en Madrid, cobraba a sus compatriotas entre 3.000 y 5.000 euros por introducirlos ilegalmente en España a través del aeropuerto. La operación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Central contra las Redes de Inmigración, en colaboración con la Comisaría del aeropuerto de Barajas y las Brigadas de Extranjería de Bilbao y Ávila.
La investigación se inició a raíz de unas declaraciones realizadas por una de las víctimas de la red delictiva. Al parecer, sus integrantes captaban en Colombia a compatriotas interesados en viajar a España y cruzar sus fronteras clandestinamente. El paso ilegal se realizaba en Barajas para lo que contaban con la connivencia de trabajadoras del aeropuerto. Cuando los inmigrantes accedían a la terminal de llegadas eran conducidos directamente a la T-4, donde esperaban en la sala de tránsito con destino a Tel-Aviv. En ese intervalo, los integrantes de la infraestructura en España los conducían al exterior del recinto a través de salidas no autorizadas. Los inmigrantes que conseguían franquear el paso fronterizo pagaban en el acto 2.000 euros a los miembros de la organización que acudían a recibirlos. El resto, hasta completar los 5.000 euros, se comprometían a abonarlo en varios plazos.
Contravigilancia
El máximo responsable de la organización es el colombiano José Z.A., alias 'José Alberto' y residente en Durango. Al parecer, el cabecilla de la banda mantenía frecuentes contactos con los captadores en Colombia, coordinaba el viaje de los ilegales y la preparación de los pases clandestinos desde la zona de tránsito del aeropuerto al exterior. 'José Alberto' contaba con la ayuda de su mujer, María O.E., y de su cuñado, Luis Fernando O.E., que controlaban y dirigían a los miembros del grupo en Madrid, utilizando varios terminales telefónicos.
La organización contaba con tres mujeres en el propio aeropuerto de Barajas. Una colombiana -Mónica Marcela G.G.-, una española -María Diana J.O.- y una ecuatoriana -Ana Lucía C.P.-, que disponían de la correspondiente autorización para moverse por las zonas restringidas de las terminales. Todas ellas trabajaban en las instalaciones del aeropuerto y estaban provistas de las tarjetas identificativas expedidas por Aena. Al parecer, Mónica Marcela era la persona de confianza del responsable de la red y se encargaba de recoger el dinero que los inmigrantes y los familiares que acudían a recibirlos tenían que pagar. Asimismo, facilitaba la cobertura de contravigilancia necesaria para evitar ser descubiertos por los servicios policiales y de seguridad.
Cuando recibía el aviso de la llegada de los inmigrantes con destino Tel-Aviv, y que los mismos se encontraban en la zona de tránsito de la T-4, contactaba de inmediato con las 'pasadoras', que se trasladaban a dicha zona. Una vez localizados, los trasladaban a través de pasos utilizados únicamente por personal autorizado del aeropuerto hasta el apeadero del tren y después a la salida. De este modo, evitaban el control de pasaportes y conseguían entrar en España de manera ilegal.
Entre los efectos intervenidos a los miembros de la red se encuentran 6.500 dólares americanos, 1.610 euros, más de siete millones de pesos colombianos, copias de billetes de avión, resguardos de ingresos en diversas oficinas de cambio, así como recibos de cantidades anticipadas a varias personas.







