VIZCAYA
Refuerzan el control de las viviendas ligadas a explotaciones agrarias
La Diputación aprueba un decreto para adaptarse a la Ley del Suelo, como ya han hecho Álava y Guipúzcoa
La Diputación ha regulado por decreto las condiciones que deben cumplir los interesados en construir viviendas ligadas a explotaciones agrarias. De esta forma Vizcaya se adapta a la Ley del Suelo, que impuso criterios más restrictivos para la concesión de licencias con el fin de evitar la especulación en terreno rústico y la proliferación de chalés. Álava y Guipúzcoa ya contaban con normativas que garantizan un mayor control.
En Vizcaya, hasta ahora la Diputación se limitaba a hacer un informe, ni preceptivo ni vinculante, sobre las características de la explotación, y las decisiones quedaban en manos de los ayuntamientos. Con la nueva normativa, el Departamento de Agricultura deberá conceder «una autorización previa».
Para ello el solicitante tendrá que demostrar que la actividad agrícola o ganadera «reúne los requisitos mínimos para su viabilidad económica» y que más de la mitad de sus ingresos provienen de este trabajo. También se le exige al menos un año de afiliación al régimen especial de la Seguridad Social.
Todo ello deberá acreditarse con informes, justificantes y una «detallada» memoria descriptiva. El decreto admite la existencia de dos viviendas vinculadas a una misma explotación, siempre que la primera «tenga más de diez años de antigüedad», entre otras condiciones.
En Vizcaya, hasta ahora la Diputación se limitaba a hacer un informe, ni preceptivo ni vinculante, sobre las características de la explotación, y las decisiones quedaban en manos de los ayuntamientos. Con la nueva normativa, el Departamento de Agricultura deberá conceder «una autorización previa».
Para ello el solicitante tendrá que demostrar que la actividad agrícola o ganadera «reúne los requisitos mínimos para su viabilidad económica» y que más de la mitad de sus ingresos provienen de este trabajo. También se le exige al menos un año de afiliación al régimen especial de la Seguridad Social.
Todo ello deberá acreditarse con informes, justificantes y una «detallada» memoria descriptiva. El decreto admite la existencia de dos viviendas vinculadas a una misma explotación, siempre que la primera «tenga más de diez años de antigüedad», entre otras condiciones.
