El Correo Digital

El Ararteko, Íñigo Lamarca (San Sebastián, 1959), prendió la mecha de la polémica la semana pasada al declararse partidario de consultas populares sobre aquellas infraestructuras de «impacto social y ambiental», como la 'Y' vasca, la incineradora de San Sebastián o el puerto de Pasaia. En esta entrevista, matiza sus palabras y admite que la convocatoria de un referéndum sobre la gran obra ferroviaria de Euskadi -que suscita un «innegable» rechazo social en un sector de la población- sería «controvertida» dado que supondría la «paralización» de los trabajos, ya en marcha en Álava.

-¿Por qué defendió la celebración de una consulta popular en materias como la construcción de la 'Y'?

-No hice ninguna solicitud de que se haga una consulta. No tengo competencias para ello, quiero dejarlo claro. Hablé en términos genéricos y expresé que la participación ciudadana debe tener un contenido amplio, que debe ser eficaz y que se debe permitir la participación en una fase temprana del procedimiento administrativo de los proyectos. Sólo dije que la consulta popular es una de las herramientas opcionales y añadí que su uso siempre es controvertido. El Ararteko nunca ha dicho ni va a decir que se haga una consulta sobre la 'Y' ni sobre cualquier otra cuestión, porque forma parte de la discrecionalidad de la institución competente. Pero igual que es bueno que a futuro se vaya a una mayor participación, se debe señalar algo obvio: se deben respetar las reglas del juego y las competencias de las distintas instituciones para tomar decisiones sobre aquello que les compete.

-Pero se refirió de forma expresa a la 'Y', un proyecto ya en obras y que ha superado hace años el estadio de «fase temprana», como dice.

-Efectivamente, la 'Y' es un proyecto ya decidido y está en fase de ejecución. Las herramientas de participación habrán sido las que establece el ordenamiento jurídico, o así lo suponemos, porque si no quienes están en contra hubieran recurrido a los tribunales.

-¿Y cabe una consulta popular con las obras ya en marcha?

-... Es algo que pertenece al ámbito de la decisión política. Y en ese ámbito, tampoco todo es posible. La celebración de una eventual consulta supondría la paralización de los procedimientos administrativos de adjudicación, lo que tendría una serie de consecuencias. Produciría daños y efectos negativos en las empresas y ello conllevaría las correspondientes demandas de resarcimiento económico. Es un tema que tiene muchas aristas.

-El PP recriminó que su defensa de la consulta en este caso alimenta los argumentos de la izquierda abertzale, que trata de encabezar la movilización anti-TAV.

-No hice ninguna solicitud de consulta, lo vuelvo a dejar claro, sólo hice una reflexión a futuro. Se ha producido, seguramente, una transmisión incorrecta o deficitaria de mis palabras. En todo caso, de cara al futuro y en el plano teórico, es una herramienta opcional del ordenamiento jurídico. Hay que quitarle hierro. En Suiza es algo que está a la orden del día.

-Los populares lo entendieron como una especie de guiño a la izquierda abertzale. Y Batasuna dijo al día siguiente que sus palabras fueron «una bofetada a la política de imposición» sobre la 'Y'.

-El Ararteko no hace guiños a ninguna fuerza política. Estamos radicalmente fuera de la arena política y de los intereses políticos.

-¿Cree que existe un sentimiento anti-TAV extendido entre la población vasca?

-Es innegable que existe un sector de la población que se opone al tren de alta velocidad. Pero es imposible predecir si se reflejaría de forma mayoritaria en una consulta.

-¿Cree que la Administración ha explicado el motivo y las ventajas de la mayor obra en la historia reciente de Euskadi?

-El Gobierno vasco y el central opinan que sí, que se ha hecho una labor de información suficiente. Pero cabe constatar que existen determinados sectores sociales que dicen que el proceso de participación ha sido insuficiente. La información intensiva suele producirse cuando el proyecto está ya aprobado y decidido, no de forma previa. Pero para que la participación sea real debe trasladarse en una fase temprana, no cuando ya se han tomado las decisiones.

-¿Hasta qué punto puede remitirse al ciudadano la responsabilidad de decidir en un proyecto de tal complejidad y repercusión?

-En un alto porcentaje, la ciudadanía tiene cualificación y formación para hablar de tú a tú a la Administración. Las cosas han cambiado mucho y la población está hoy formada e informada.

-¿Le preocupa el cariz que puedan tomar las movilizaciones anti-TAV, que ya han logrado detener de manera esporádica las obras en el único tramo en marcha, en Álava?

-Sí, me preocupa. Se debe excluir en todo momento el uso de la violencia. Las protestas, que son legítimas, se deben realizar siempre de manera pacífica. Cuando se toma una decisión de manera legal, se ha de respetar, lo cual no excluye que haya protestas y que los sectores sociales que se oponen puedan hacer uso de todas las herramientas democráticas para oponerse.

Vivienda en alquiler

-Su último informe monográfico ha sido sobre vivienda. ¿Ve injusto el actual sistema actual de reparto de los pisos protegidos, por sorteo?

-No hablaría de injusticias, sino de insuficiencias. No se cubre el cien por cien de las necesidades más perentorias y también es evidente que la Administración no llega a atender el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.

-Explíquese.

-Habría que primar un sistema de baremación, aunque sin llegar a excluir el sorteo. La filosofía es cubrir las necesidades más perentorias, por poner un ejemplo extremo, pero real, lo que se refiere a las personas 'sin techo'. Esta demanda debe cubrirse necesariamente y los recursos actuales son insuficientes.

-El sistema de baremación crearía 'guetos', le replicó el Departamento vasco de Vivienda.

-No voy a polemizar, pero una lectura detenida de nuestro informe evidenciaría que esta crítica carece de fundamento. La clave está en una buena conjunción de las políticas de vivienda y de asuntos sociales.

-Es partidario de fomentar la política de alquiler.

-Sí. La población necesitada son en buena parte jóvenes, donde el 70% son lo que se conoce como 'mileuristas', que no deberían destinar a la renta más de un tercio de su salario. Hay que dar prioridad a la creación de un parque público de vivienda de alquiler. Y cubrir con él únicamente el periodo de necesidad de cada persona. Si uno promociona y tiene un mejor sueldo, la necesidad desaparece y la vivienda debe pasar a otro.

-¿Tiene respuesta para la avalancha de casos de violencia sexista?

-Estamos ante una realidad trágica que desgraciadamente no vamos a poder erradicar en el corto plazo, porque hunde sus raíces en la persistencia de machismo en la norma social, esa percepción de que la mujer tiene que estar sometida al hombre. Hay que trabajar intensamente contra estos 'contravalores'.

-Sorprenden los abundantes casos que se han registrado en jóvenes.

-Me preocupa muchísimo la violencia contra las mujeres, pero cuando la protagonizan jóvenes me sobrecoge. Significa que esos 'contravalores' siguen presentes en las nuevas generaciones.

-¿Avanza la Administración en la protección de las víctimas?

-Se está avanzando, pero se debería mejorar la coordinación de las instituciones. Voluntad no falta, pero la propia inercia en el funcionamiento de la Administración hace que esos espacios de colaboración entre la Justicia, las policías y el resto de órganos implicados no sean todo lo buenos que debieran ser.