VIZCAYA
Loiu prevé multas de hasta 3.000 euros para los dueños de fincas abandonadas
15.07.07 -
El peligro de incendios aumenta en verano y el Ayuntamiento de Loiu ha decidido imponer multas a los propietarios de solares y fincas que están descuidadas. Aunque la ordenanza municipal ya se aprobó el año pasado, las autoridades locales han enviado una carta a todos los propietarios de chalés, caseríos y terrenos para que los mantengan en buenas condiciones. En la misiva les advierte de que, en caso contrario, les impondrán sanciones que van desde los 750 a los 3.000 euros.
La medida se ha adoptado después de que muchos propietarios que tenían sus fincas en estado de abandono hicieran caso omiso a las peticiones de los responsables municipales, que se lo solicitaron por carta el pasado mes de abril. La norma pide que se mantengan los terrenos en perfectas condiciones de «seguridad, salubridad y ornato».
Según fuentes municipales, muchos terrenos colindantes a viviendas y algunos caseríos o chalés «no están cuidados, lo que origina que la maleza arraigue y se extienda. En algunas fincas proliferan las malas hierbas como zarzas u hojas de eucalipto que no se retiran del suelo, con el consiguiente peligro de fuego que supone en la época estival, entre otros riesgos». La ordenanza fue aprobada en septiembre de 2006, dentro del plan de Acción Agenda 21.
La medida se ha adoptado después de que muchos propietarios que tenían sus fincas en estado de abandono hicieran caso omiso a las peticiones de los responsables municipales, que se lo solicitaron por carta el pasado mes de abril. La norma pide que se mantengan los terrenos en perfectas condiciones de «seguridad, salubridad y ornato».
Según fuentes municipales, muchos terrenos colindantes a viviendas y algunos caseríos o chalés «no están cuidados, lo que origina que la maleza arraigue y se extienda. En algunas fincas proliferan las malas hierbas como zarzas u hojas de eucalipto que no se retiran del suelo, con el consiguiente peligro de fuego que supone en la época estival, entre otros riesgos». La ordenanza fue aprobada en septiembre de 2006, dentro del plan de Acción Agenda 21.
