El sistema de gestión de la sociedad que gestionará el complejo fue el detonante de la controversia. La institución foral exigía que las decisiones fueran respaldadas por el 80% de los consejeros del órgano de dirección, que finalmente no se ha constituido. En cualquier caso, el regidor transmitió ayer su optimismo. «Tenemos la palabra de la Sepi de que, si la Diputación no quiere participar en el proyecto, el Gobierno central seguirá adelante», explicó. Fuentes de la sociedad estatal, por su parte, matizaron que su intención es que «se ejecute la actuación tal y como estaba prevista inicialmente».
El Consistorio quiere que la sociedad esté operativa en septiembre. «No podemos perder ni una semana», añadió el primer edil. La Administración local, además, ha acordado un protocolo medioambiental con el Gobierno vasco que determinará el tratamiento del suelo a ocupar por las empresas.










